REVISTA DE ENFERMERIA 

 

ALGUNOS HECHOS
Y CIFRAS DE LA VIOLENCIA
COLOMBIANA ACTUAL

Conviene precisar previamente que Colombia, como muchos otros países, ha tenido diferentes ciclos de violencia en su historia. La más reciente tiene sus comienzos a mitad de la década de los setenta, alcanza su mayor incremento a partir de la mitad de los ochenta, y persiste en la actualidad con las complejidades e intensidades que se enunciarán más adelante. Pero no es una violencia nueva u original. Hunde sus raíces en otros momentos y acontecimientos de la historia del país, tanto en el campo económico y político, como en la conformación cultural y en la conflictividad social.

Posiblemente el mejor y más preocupante indicador actual de la magnitud de la violencia que vivimos sea el de los homicidios. En los últimos veinticinco años del siglo pasado el país casi llegó a un total de medio millón de homicidios. En la última década se registró un promedio anual de 25.000 homicidios. En el año 2000 el país superó dicho promedio y alcanzó un total de 25.655 homicidios, para una tasa de 61 homicidios por cien mil habitantes, según los datos del Centro Nacional de Referencia sobre Violencia del Instituto de Medicina Legal. Como la tasa media mundial es de 5 por cien mil, puede apreciarse la magnitud de la tragedia: Colombia tiene en la actualidad una tasa de homicidios doce veces superior a la mundial. (5)

Pero si las cifras totales causan alarma, su desagregación por edades, sexos, regiones y sectores sociales y la mirada detallada de algunos de los hechos deberían producir una inmediata respuesta nacional e internacional. Sólo tres ejemplos. Primero: en el departamento de Antioquia, en 1994, 88% del total de las defunciones de los hombres adolescentes entre 15 y 19 años se debió a una sola causa: los homicidios.(6)En las mujeres de la misma región y del mismo grupo de edad el porcentaje alcanzó 46%. La mitad de los niños de 10-14 años del mismo departamento que murieron en ese año, murieron también de homicidio. Segundo: en el año 2000, según el Centro de Investigaciones Criminológicas de la Policía Nacional, hubo en el país un total de 236 masacres, con un total de 1403 víctimas fatales. El 45% de ellas fueron cometidas por las denominadas “autodefensas”- organizaciones paramilitares- y tuvieron sus principales escenarios en los departamentos de Antioquia y Cesar. Y tercero: durante la semana santa de 2001, los paramilitares incursionaron en la región del Naya, al sur del país. El balance incompleto incluye más de 40 personas asesinadas entre campesinos e indígenas. Y no ahorraron crueldad los autores de la masacre: recurrieron a las sierras eléctricas y al descuartizamiento de sus víctimas. Todo ello en “semana santa”.

No sólo los homicidios denuncian los niveles de barbarie. El secuestro se ha convertido en una amenaza permanente y casi indiscriminada para toda la población. El promedio diario actual es de aproximadamente cinco, incluyendo las diferentes modalidades: individual, colectivo, extorsivo, político, delincuencial. Sin alcanzar las magnitudes del homicidio y el secuestro, el país padece muchas otras formas de violencia. El maltrato infantil en los distintos escenarios de la vida social, el maltrato contra las mujeres y contra los ancianos en la familia y en otras instituciones, los asaltos en las calles e inclusive el suicidio constituyen otras formas de violencia registradas en el país,(7)pero con frecuencia e intensidad comparables e inclusive inferiores a las de otros países.

 

IMPACTO DE LA GUERRA
Y LA VIOLENCIA SOBRE
LA VIDA, LA SALUD Y EL SECTOR
SALUD EN COLOMBIA

Resulta evidente el enorme impacto negativo que la situación esbozada tiene tanto sobre la vida como sobre el bienestar de la población y sobre el sector de la salud.

En primer lugar, el país está perdiendo una enorme cantidad de vidas humanas. Pero, además, son vidas de altísimo costo social pues dadas la juventud de la mayoría de las víctimas y el liderazgo de muchas de ellas en diferentes campos, resultan pérdidas afectivas, económicas y políticas muy grandes e imposibles de recuperar. El indicador del número de años de vida potencial perdidos es categórico: si la edad promedio de las víctimas es de 30 años, la esperanza de vida al nacer es aproximadamente de 70 años y se producen 25.000 homicidios al año, el país está perdiendo anualmente 1.000.000 de años de vida potencial. Y cómo medir el impacto de la orfandad, la viudez, la tristeza y la descomposición familiar producida por la violencia?

No cabe duda de que la calidad de vida de los colombianos y colombianas en lugar de mejorar se viene deteriorando en las últimas décadas. Y el principal factor de deterioro es la violencia. Tanto por sus consecuencias directas como por su capacidad para generar miedo, incertidumbre, inseguridad e impotencia, la guerra y las violencias destruyen el tejido social, desconfiguran los valores socialmente pautados, desestructuran psicológica y afectivamente a las personas y a los grupos y crean un clima de desesperanza y tristeza. A nivel individual son ya observables el incremento de problemas sicológicos como la depresión y el estrés postraumático ( 8) y los consiguientes trastornos de ansiedad, insomnio, depresión, alteraciones del apetito y de los ritmos vitales básicos y disminución de la alegría y de la sonrisa. La situación de violencia ha llevado, además, a modificaciones importantes en nuestros estilos de vida. Hemos modificado los horarios de ciertas actividades sociales, hemos reducido los espacios de movilización y recreación, y un número cada vez mayor de personas se ha visto forzada a recurrir a complejos mecanismos de seguridad, con la consiguiente pérdida de privacidad y el incremento de tensiones.

El desplazamiento forzoso se ha convertido en Colombia en una de las peores consecuencias de la violencia actual.(9)No se dispone de cifras exactas, pero hay estimaciones de que ya son cerca de dos millones las víctimas del desplazamiento interno por la violencia. Y es preciso señalar que aún la denominación de desplazado es inadecuada dado que no expresa la magnitud y complejidad de la tragedia que esconde. Más que desplazados son exiliados dentro de su propio país, son desarraigados por la fuerza del miedo y la intimidación de su entorno afectivo, geográfico, laboral y cultural y obligados a estar como nómadas y marginales en los cinturones de miseria de las ciudades y pueblos, carentes de casi todo y mirados con desconfianza e incomprensión.

Agrava la situación el hecho de que la mayor parte de la población desplazada son mujeres jefes de familia y niños y niñas desprotegidos, con serias limitaciones para enfrentar las nuevas condiciones y emprender una nueva vida.(10) Con argumentos más que suficientes, la comunidad internacional por intermedio de la delegación en el país del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados - ACNUR - está planteando que el problema actual del desplazamiento forzado por la violencia en Colombia debe considerarse como una tragedia humanitaria.

Infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y a la Misión Sanitaria. Colombia es ya reconocida a nivel internacional como uno de los países que con mayor frecuencia, intensidad y variedad viola el DIH.(11-14) El deterioro de la imagen internacional del país por la gravedad de las violaciones se empeora aún más con la evidencia de la impunidad generalizada y la demostrada falta de decisión de las autoridades nacionales por investigar, sancionar y frenar el proceso.(15) A pesar de los esfuerzos para proyectar los logros positivos del país, va primando en el imaginario internacional la idea de un país violento, bárbaro, inseguro e impune.

Con frecuencia también creciente y con formas y modalidades cada vez más graves, el personal que trabaja en el sector salud, las instalaciones, equipos y medios de transporte, y las actividades médico-asistenciales son víctimas de los ataques y las acciones de las diferentes organizaciones armadas en conflicto.(16) Aún con grandes limitaciones en la información se pudo registrar que en los cuatro años comprendidos entre 1995 y 1998, 341 personas vinculadas al sector fueron víctimas directas del conflicto, 56 de ellas asesinadas.(15)Sólo en el departamento de Antioquia se registraron entre enero de 1995 y octubre de 1999 un total de 239 infracciones, atentados o violaciones contra la misión médica y sanitaria.(17)Y a nivel nacional, en 1998 se registraron 220 infracciones a la misión médica, con un promedio de una cada 1,6 días(18) y que incluyen desde asesinatos al personal en servicio hasta toma de instalaciones, ataques a la infraestructura, utilización indebida de ambulancias y otros vehículos de transporte de heridos y enfermos, atentados contra la práctica y el secreto profesionales y actos de perfidia.

Si bien el Consejo Internacional de Enfermería considera que de todo el personal de salud, el de enfermería es el más expuesto al riesgo de las distintas formas de violencia en el lugar de trabajo,(19)en el conflicto armado colombiano el personal auxiliar de enfermería ocupa el segundo lugar como víctima fatal dentro del personal del sector, precedido por los promotores y promotoras de salud. Ambos grupos de trabajadores del sector - promotores de salud y auxiliares de enfermería - son los que tienen mayor presencia en poblaciones pequeñas y en el sector rural. Según los datos del estudio del CICR ya citados, del total de 56 trabajadores del sector asesinados en el período estudiado, 17 (30%) eran promotores de salud y 14 (25%) auxiliares de enfermería.(16)Según el estudio de Antioquia, de los 22 funcionarios del sector asesinados entre 1995 y 1999, 7 (32%) eran promotores de salud y 4 (18%) auxiliares de enfermería.( 16) A pesar de los problemas de subregistro de esta problemática y del desinterés de las propias autoridades sanitarias por divulgarlo e intervenir, es preocupante el incremento de graves violaciones a la Misión Sanitaria en el primer semestre del presente año. Con mayor frecuencia cada vez, tales hechos incluyen el asesinato o la desaparición de los profesionales y trabajadores de la salud.

El conjunto, la frecuencia y la gravedad creciente de las infracciones a la Misión Sanitaria están produciendo consecuencias negativas tanto para el personal de salud, como para la población civil y para los propios actores del conflicto. La pérdida de la seguridad en las instituciones del sector hace que ni el personal sanitario esté en condiciones de prestar sus servicios ni la población sienta la confianza requerida para solicitar atención. Además, un número aún no cuantificado, pero cada vez mayor de médicos, enfermeras y personal técnico y administrativo del sector ha tenido que salir forzosamente de sus lugares de trabajo convirtiéndose en algunos casos en desplazados y desempleados.

A más de las violaciones al DIH y a la Misión Sanitaria, el sector salud padece otras graves consecuencias de la actual situación de guerra que padece el país.(20)De un lado, se ha visto sobrecargado por la demanda asistencial a las víctimas directas e indirectas del conflicto armado, tanto en la fase aguda de los problemas - atención de urgencias, remisión inmediata, necropsias - como en el manejo de las secuelas físicas y sico-sociales, individuales y colectivas. Por el tipo de armas empleadas y por los incrementos de la crueldad, la atención de urgencias requiere niveles cada vez mayores de complejidad, con el consiguiente incremento de costos y recursos. De otro lado, el carácter generalmente urgente de la demanda asistencial por violencia hace que se desplace la atención de otras patologías y de otro tipo de pacientes, generándose una postergación de problemas de alta prevalencia, de gran importancia social y, en ocasiones, de mal pronóstico. Y finalmente, la violencia está cuestionando tanto los contenidos transmitidos en el proceso de formación del personal de salud, como los métodos de formación, las destrezas adquiridas, los valores cultivados y las prácticas del ejercicio profesional. Especial cuestionamiento está recibiendo el secreto profesional, valor celosamente cuidado por la medicina occidental, y negado en la práctica en las áreas de conflicto ante la presión armada y el imperio de la fuerza.

 

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