REVISTA COLOMBIANA DE CIRUGÍA

DE LA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA
Temas de Interés Médico

 

Impacto de la Reforma de la Seguridad Social en Salud
sobre la Medicina como Profesión y como Ciencia

 

La Ley 100: Reforma y Crisis de la Salud

 

Los principios en que se fundamenta la Ley 100 de diciembre 23 de 1993 son buenos porque corresponden a una concepción moderna de justicia social integral. La adecuada ejecución de la ley puede constituir una verdadera reforma de aseguramiento universal independiente de la capacidad económica de las personas y un comprensivo plan de be-neficios. Atiende a la dignidad de los grupos de menores recursos, a los cuales confiere la capacidad de escoger, opinar e influir sobre el sistema de salud, en vez de ser ellos sujeto pasivo de recepción de servicios. Al abrir el "mercado de salud", estimula la asimilación y la inserción social del enorme avance científico y tecnológico de la medicina. Se basa en un modelo de cobertura universal y de competitividad derivada de la libre escogencia por un usuario cons-ciente de la calidad y de los costos. El modelo se orienta a promover calidad y economía en un sistema de administración eficiente. Es la hipótesis de la competencia regulada.

 

Tales principios y objetivos son inobjetables. Además, la ley ha significado un importante crecimiento de los recursos disponibles para el sistema. Sin embargo, su implementa-ción exhibe grandes fallas y ha resultado en una crisis de enormes proporciones, tal vez sin antecedente en la historia del país. Paradógicamente, la reforma, que abre un vasto panorama de equidad social, lleva al consumo de los nuevos y cuantiosos recursos por un costoso mecanismo de intermediación y por utilidades corporativas, lo cual ha contribuido significativamente a la quiebra de las instituciones que prestan los servicios especialmente de los hospitales públicos. Así mismo, la ejecución de la reforma, al crear serios peligros en cuanto a calidad, en última instancia viene a ser una riesgosa reconceptualización de la moral social.

  

 

La ejecución de la reforma ha desplazado el imperativo hipocrático basado en el arte, concebido como humanismo; la ciencia, entendida como avance y ordenación del conocimiento; la tecnología, percibida como instrumen-tación, y el profesionalismo, comprendido como autonomía intelectual y capacidad de autorregulación en un marco ético de deontología social, por una argumentación económica que somete el acto médico a la infraestructura de la industria y al poder del mercadeo, y que convierte al médico en un operario medianamente calificado para el cumplimiento de una jornada laboral. En esencia, es la conversión de la medi-cina, que como disciplina intelectual es una profesión de compromiso social, en un oficio que, al disminuir costos, resulte en mayores márgenes de utilidad para las entidades intermediarias. Esta nueva interpretación económica es una negación del humanismo en una de sus expresiones más puras, cual es el ejercicio de curar y de velar por la salud mediante el profesionalismo médico. Al tiempo que la reforma abre oportunidades, también significa peligros de perjuicio social.

 

El principal de ellos es el deterioro de la calidad de la atención, precisamente en momentos en que ésta debe ser óptima, en pleno auge de la sociedad del conocimiento y cuando las instituciones del sector habían hecho enormes esfuerzos por modernizar su tecnología y adecuar sus estructuras para mayor beneficio comunitario. La tecnología, racionalmente empleada, es un parámetro de calidad y su adecuada utilización depende de la idoneidad profesional, por cuanto la tecnología no es sino la metodología instrumental para ejecutar una decisión basada en evidencia científica.

 

El acto médico es un ejercicio en humanismo, lógica deductiva y manejo intelectual de la información, fundamentado en la relación médico-paciente, la cual incorpora la confianza mutua como baluarte insustituible. La reforma inducida por la ley 100 convierte al paciente, ser humano con dimensiones individuales de espiritualidad y de funcionamiento orgánico, en usuario concebido ahora como cliente y consumidor de un producto industrial. Es la corporatización y la comercialización del acto médico cuya administración ha sido delegada en entes intermediarios, las aseguradoras, EPS, ARS y ARP que conforman una nueva industria, la industria de la salud.

 

En esencia, la responsabilidad social del Estado ha sido transferida a entidades comercializadoras, con lo cual las empresas suplantan la gobernación política , y el concepto del rendimiento industrial aplasta la milenaria moral hipocrática. La ética médica, cuyo objetivo inefable es el bien social, es reemplazada por una todavía no bien definida "ética corporativa", donde el costo-beneficio en términos de costo financiero es el objetivo principal.

 

 

La crisis lleva a cuestionar la responsabilidad moral de las entidades de intermediación creadas por la Ley 100 de 1993, cuyas normas de conducta administrativa exhiben fallas que, en algunos casos, ya han resultado en acusaciones formales. Esto demuestra una alarmante ausencia de la autoridad del Estado y una inadmisible falla en los mecanismos de control, pero también un defecto en la estructura misma del nuevo sistema.

 

En conclusión, la Academia Nacional de Medicina después de haber realizado, durante el último año, un comprensivo estudio de la reforma en sus tres aspectos principales, a saber, el teórico, el estructural y el operativo, percibe que en el aspecto teórico de la competitividad controlada, el elemento de control ha sido casi inexistente y contrasta, por ejemplo, con los rígidos controles vigentes en la administración del régimen de pensiones. En lo estructural, anota un serio defecto, como es la sorprendente ausencia de un sistema de información y de registro único, pilar fundamental en cualquier programa de salud. En el aspecto operativo, la Academia encuentra una nociva complejidad que crea trabas burocráticas, dispendio y demoras perjudiciales en el flujo de los recursos a su destinatario final, que son las IPS. Y señala serios defectos de operatividad administrativa, de control y de destinación social eficiente de los recursos que ingresan al sistema, por lo cual considera especialmente inconveniente la intermediación con ánimo de lucro en el régimen subsidiado. La Academia ve con profunda preocupación el estado de crisis de las instituciones hospitalarias, resultado de la iliquidez causada en buena parte por el consumo de los recursos, por el costo administrativo y las utilidades de las entidades intermediarias, lo cual se suma a los efectos devastadores de la corrupción y la interferencia política.

 

La Academia Nacional de Medicina declara que la protección de los mejores intereses de la sociedad no puede residir en la legitimación, a toda costa, del intermediario, cuya actividad económica no siempre persigue beneficio comunitario; por el contrario, debe buscar el fortalecimiento del aparato gubernamental de la medicina como profesión y como ciencia, con su fundamental estructura humanística, ética y deontológica, que constituye la única garantía para asegurar la salud del individuo y la comunidad.

 

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