Guerra, ambiente y
salud en Colombia*

Académico Hugo Armando Sotomayor Tribín

Partiendo del principio que señala que para tener una visión más clara de un fenómeno social particular se requiere ubicarlo dentro de una perspectiva histórica, global, sistémica y compararlo con otros semejantes, he resuelto hacer una aproximación a la relación a la guerra en Colombia con un enfoque histórico, antropológico y bioético.

La guerra, además de mirarse dentro de los términos militares clásicos como “la política por otros medios”, ella debe entenderse en los de la salud pública y ecológicos como “el peor desastre antrópico” y la “mayor de las emergencias complejas” y en los de los derechos humanos que la ven como la “negación de la paz”.

Nuestra guerra actual es parte de nuestro historial de guerras. Las guerras ínter tribales prehispánicas libradas sin armas de metal y de fuego, sin claras ideas sobre vanguardias, retaguardias, tácticas militares, de líneas de apoyo logístico, etc., se desarrollaron en una época de aislamiento de América de los grandes focos de enfermedades infecciosas del Viejo Mundo.

La llamada Conquista española se puede entender como una guerra de tierra arrasada, en donde los europeos utilizaron la tea incendiaria, los mastines, el caballo, las armas de metal y fuego, y los sistemas de guerrear propios de ejércitos curtidos en luchas contra otros ejércitos con el fin claro de sojuzgar a los nativos e imponerles una lengua y una religión nuevas, mientras las sociedades nativas ante semejante embate de ambición material y desprecio humano huían, abandonaban sus cultivos, luchaban o se suicidaban, acto este último practicado por colectividades enteras con el sólo propósito de negarles a los peninsulares las mieles de la victoria final. Semejante encuentro, militarmente disparejo, fue agravado por la llegada con los conquistadores de enfermedades desconocidas en estos lares: paludismo, sarampión, gripe, viruela, etc., y por el hambre epidémica consecuencia de la destrucción de las familias, la crisis agrícola por ausencia de mano de obra y la apropiación de las reservas de las comunidades por cuenta de los invasores ibéricos.

Instalada la Real Audiencia e iniciada la época colonial, el hambre epidémica que se tornó endémica obró conjuntamente con la realidad psicosocial de servidumbre para los indígenas y la esclavitud para los negros, como caldo de cultivo ideal para las oleadas de infecciones de transmisión aérea procedentes del Viejo Mundo y la instalación permanente de las enfermedades transmitidas por vectores como la ya mencionada malaria, la fiebre amarilla y las filariasis, y las enfermedades por transmisión hídrica y por alimentos. Las guerras libradas en esa época se desarrollaron principalmente en el litoral caribe entre la potencia dominante, España, y sus contrincantes y ambiciosos enemigos, Francia, Inglaterra y Holanda.

Tras la Independencia, la navegación a vapor por el río Magdalena -establecida a partir de 1825, los procesos de colonización y las guerras civiles fueron factores determinantes para que todas las enfermedades llegadas del Viejo Mundo y las ya existentes antes de ello, como el carate, la leishmaniasis cutánea, el Chagas y la tungiasis, campearan en las diferentes regiones del territorio del país. La guerra fratricida, de baja intensidad de fuego y con frecuentes prácticas de combatir, teñidas de cobardía y criminalidad, se adueñaron del país desde 1841 hasta la llamada Guerra de los Mil Días e hizo una breve reaparición entre 1930 a 1932. En los primeros 131 años de vida republicana comprendidos entre 1819 y 1950 la fiebre amarilla urbana ingresó al interior del país en 1830 y alcanzó la región amazónica, vía el río Putumayo desde su primera navegación a vapor en 1874-75, y el cólera llegó a Cartagena y se diseminó a lo largo de la ribera del río Magdalena entre 1848 y 1852. Las guerras civiles con sus típicas guerra de posiciones facilitaron las disenterías, el paludismo y la fiebre amarilla y ocasionaron importantes migraciones del campo a las poblaciones en formación.

En los últimos cincuenta y cinco años (55), de 1948 a hoy, 2003, la guerra ha sufrido tres importantes cambios, a la luz de las motivaciones y fuentes de financiación: entre 1948 a 1964 fue una confrontación entre liberales y conservadores, entre 1964 y 1985 confrontación política entre el Estado y la subversión armada socialista a la sombra del conflicto Este-Oeste,socialismo-capitalismo, y a partir de 1985, pero muy en especial a partir de 1991, con la caída del Muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética y su bloque socialista, el esfuerzo de guerra de los opositores al Estado pasó a depender económicamente del negocio de la marihuana, la coca y la cocaína, la amapola y la heroína que desde años antes los grupos de negociantes y criminales habían activado aprovechando su gran demanda por parte de Estados Unidos y Europa; de la extorsión a las compañías petroleras extranjeras, del desvío forzoso de las rentas de los municipios y departamentos y del terrible delito del secuestro. El crecimiento de los grupos enemigos del Estado pasó de tasas vegetativas a tasas exponenciales en la medida que comenzaron a depender del dinero de los “vacunas” o gramajes impuestos a los sembradores y comerciantes de la coca, cocaína, amapola, heroína, marihuana y hachis; su crecimiento ha dependido en forma directa del número de hectáreas sembradas con esos cultivos.

En estos últimos 20 a 17 años y por obra del poder económico de las organizaciones armadas opuestas al Estado y por consiguiente fuera de la ley, al pasar la guerra, en no pocas ocasiones, de ser una típica guerra de guerrillas a una cuasi guerra de movilización y de posiciones, las minas antipersonales comenzaron a cobrar cada vez más importancia y generar más muertos y heridos, al mismo tiempo que la leishmaniasis, propia de la guerra de guerrillas, sumaba cada vez más afectados entre los soldados de las Fuerzas Militares y los guerrilleros y en la tropa de las llamadas autodefensas ilegales o “paramilitares”. Hoy se calculan que en el país están sembradas entre setenta a cien mil minas antipersonales y que el riesgo para un campesino de las regiones en donde ellas están sembradas, de ser mordido por una serpiente es muchísimo menor que el de ser afectado por una mina antipersonal. En Colombia hoy ocurren anualmente alrededor de 100 accidentes ofídicos graves y 250 accidentes por minas antipersonal. Entre 1990 y junio de 2003 ha habido en el país 2806 accidentes por minas y objetos explosivos abandonados con un total de 1487 heridos y 468 muertos. El pasado 25 de junio de 2003 el gobierno nacional en cumplimiento de la firma que hizo en el año 2001 del tratado de proscripción de las minas antipersonal de Ottawa de 1997 comenzó a destruir las bien localizadas 20000 minas que protegían instalaciones militares y de alto valor estratégico para el país y desde aquel año INDUMIL, la industria militar, ha dejado de producir esos artefactos.

A mediados de los años ochenta en pleno auge de las organizaciones de narcotraficantes las organizaciones guerrilleras al orientar su política de secuestros sobre las familias de los grandes jefes o capos de los negocios de la marihuana, la coca y la amapola activaron una típica respuesta “antígeno-anticuerpo”. Se crearon los grupos muerte a los secuestradores, MAS, que luego devinieron en el movimiento de Autodefensas Unidas de Colombia. Es decir que la práctica política criminal del secuestro generó otra práctica “político” criminal.

El débil Estado colombiano debió enfrentar a los carteles criminales de Cali, Medellín y luego presenciar y tolerar, por su misma debilidad institucional y la infiltración del poder de esos carteles en diferentes esferas gubernamentales, la conformación cada vez más fuerte de los “paramilitares” o Autodefensas.

Semejante confrontación entre guerrillas y autodefensas ilegales, en la que muchas veces el Estado en virtud de su debilidad estructural, la impunidad y la corrupción, ha sido testigo pasivo, comenzó a afectar tan hondamente a todo el país que hoy Colombia muestra una cifra de desplazados por la violencia que según varios observadores puede oscilar entre millón y medio a dos millones de personas.

Si bien los desplazados y sus problemas de vivienda, salud y empleo hoy son gigantescos y motivo de serías preocupaciones y de esfuerzos ingentes del Estado, es claro que el fenómeno de desplazamiento por razones políticas no es propio de la actual confrontación entre autodefensas y guerrillas, y entre estas últimas y el Estado, sino que el ha sido un acompañante de todas nuestras guerras civiles del siglo XIX, de la llamada Violencia de los años 50 y 60 del pasado siglo XX y de los primeros años de la llamada lucha subversiva. Los desplazados que antes recibieron el nombre de exilados, perseguidos, migrantes, etc., fueron los responsables de los llamados barrios de invasión. Recuérdense en Bogotá los barrios de “Policarpa Salavarrieta” y las “Colinas” de los años sesenta del pasado siglo XX.

La mayor atención que hoy reciben los desplazados obedece a dos causas principales, su magnitud y la mayor conciencia que tiene la humanidad en general, la política internacional y la nación colombiana en particular sobre el impacto de la guerra y los derechos humanos.

Las guerrillas de las FARC y el ELN y las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, en la medida que para su sustento y crecimiento han dependido de las “vacunas” y “gramajes” que le han impuesto a los cultivadores y traficantes de coca, amapola y marihuana y sus respectivos alcaloides se han convertido en una fuente de riqueza para el capitalismo en general y el imperialismo en particular a quien las primeras consideran su enemigo principal, y también en una fuerza generadora de gran destrucción ambiental. El negocio del narcotráfico que por su actual condición de ilegal tiene una utilidad neta superior a la de cualquier actividad comercial lícita, la del 293%, deja el 90% de esas utilidades en manos del mercado de Estados Unidos. Por cada hectárea sembrada de coca se necesita acabar con 4 hectáreas de selva de tierras bajas, por una hectárea de amapola se necesita tumbar treshectáreas de selva andina y por una de marihuana se deben tumbar hectárea y media de selva. Las FARC por cuenta del gramaje impuesto a los cultivos de coca obtuvo entre 1998 y 1999 la suma de 180 millones dólares, mientras el ELN obtuvo 30 millones de dólares.

Pero el efecto devastador sobre el entorno natural no sólo es producto de la relación de siembra de cultivos y tumbe de selvas, sino que también es producto de una acción deliberada por parte de los cultivadores de ellos de incrementar su rendimiento con la utilización de herbicidas, insecticidas y funguicidas que ayuden a esos cultivos en su lucha por los nutrientes del suelo y contra las plagas que los dañan y por la fumigación aérea que los diferentes gobiernos nacionales y estadounidenses han impulsado desde hace varios años.

La lucha entre los cultivadores y los beneficiados de estos, las guerrillas y las autodefensas por el máximo rendimiento de los cultivos de coca y amapola, y el gobierno nacional y los estadounidenses, el primero con el propósito de estrangular las finanzas de los grupos armados y acabar con los cárteles de narcotraficantes y el segundo impulsado con un típico criterio de interdicción policíaca y una visión etnocentrista en donde ellos se consideran victimas y a nosotros se nos consideran como los victimarios, ha convertido esa lucha en una verdadera lucha ecocida.

<< ANTERIOR | SIGUIENTE >>