DERECHOS HUMANOS

 

 

 

LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

DE LOS ADMINISTRADORES EN EL SECTOR FINANCIERO

 

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Ahora bien, es preciso recordar que en el mundo existen cuatro (4) sistemas para determinar la jerarquía del Derecho Internacional, a saber:   

 

1º) Valor supraconstitucional del derecho internacional: 

 

El tratadista chileno EDMUNDO VARGAS CARREÑO, refiriéndose a este sistema señala:

 

«Los tratados internacionales pueden prevalecer aún respecto a la Constitución del Estado. Este sistema es muy poco frecuente en la práctica y uno de los pocos casos —sino es el único— que puede citarse es el de la Constitución de los Países Bajos, revisada en 1956 (art. 63)»[10], Constitución reformada en 1983 conservando en esencia la misma norma. 

 

 2º) Valor constitucional del derecho internacional:  

«Por otro lado, existe en el ordenamiento jurídico interno la posibilidad de que los tratados y convenios internacionales, o el Derecho Internacional General tenga rango constitucional: ni superior ni inferior a la Constitución.»[11]; por ejemplo la Constitución de Perú de 1993 (art. 105) y la Constitución Argentina de 1994 (art. 75, inciso 22), entre otras.

 

3º) Valor legal del Derecho Internacional:  

 

«El sistema de conferirle al derecho o al tratado internacional el mismo valor de la ley interna parece ser el más difundido entre los Estados»[1]

Como ejemplos, tenemos la Constitución de Italia de 1948 (art. 10), la Constitución de México de 1917 (art. 133) y la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica (art. VI. 2). 

 


 

 

4º) Valor supralegal del derecho internacional:  

«En algunas Constituciones se prescribe que las normas de derecho internacional tienen un valor superior a las leyes internas, por lo que las primeras siempre primarán sobre éstas».[2] «(...) aunque no pueden modificar la Constitución. Es decir, los tratados prevalecen, en este caso, sobre las leyes nacionales»[3].  

 

Como ejemplo, encontramos la Constitución de la República Federal de Alemania (art. 25). AYALA CORAO, cita además las Constituciones de Francia (art. 55), de España (art. 96.1), Costa Rica (art. 7), El Salvador (art. 144) y finalmente la Constitución de Colombia de 1991, aunque desde el punto de vista puramente formal; pues, desde el punto de vista sustancial, en razón de tener prevalencia sobre el ordenamiento jurídico interno, los Tratados tienen la misma jerarquía de las normas constitucionales. 

 

En suma, de lo anterior se deduce, de una parte, que el Pacto de San José de Costa Rica no solamente forma parte del ordenamiento jurídico colombiano (al haber sido aprobado mediante Ley del Congreso), sino que la ley que lo aprobó prevalece sobre la ley ordinaria, aunque también está sometida al imperio de la Constitución (está por debajo de ella).  Así mismo, está perfectamente claro que todos los derechos que consagra nuestra Constitución, deben ser interpretados a la luz de dicho Tratado, adquiriendo una dimensión mucho mayor y trascendental de su sentido puramente literal.   

 

V-  CONCLUSIONES: 

Con base en todo lo anteriormente expuesto, concluyo lo siguiente: 

 

1º)  Entre el Derecho Penal y el Administrativo existe plena independencia y autonomía.  Por tanto, no es apropiado continuar haciendo referencia al  “Derecho Penal Administrativo”. 

 

2º)  Dentro de las potestades estatales, se encuentra la sancionadora o punitiva, que le permite a un órgano administrativo imponer sanciones, tanto a sus propios funcionarios, como a los particulares. 

 

3º)     Esta última potestad es ejercida, especialmente, por las entidades de la rama ejecutiva del poder público que ejercen funciones de inspección, vigilancia y control, como la Superintendencia Bancaria. 

 

4º)  La potestad sancionadora o punitiva del Estado, en sentido estricto se conoce como disciplinaria, cuando se trata de ejercer control sobre la conducta de los servidores públicos.  Y se llama correccional, cuando dicho control se ejerce sobre particulares (es el caso del que ejerce la Superintendencia Bancaria sobre las instituciones financieras y sus administradores).

 

5º)  Genéricamente, se habla de la existencia de un Derecho Sancionador o Punitivo, del cual constituyen especies: El Derecho Penal, el Disciplinario (que es Administrativo) y el Correccional (que también es Administrativo).

 

6º)  Sin embargo, gran parte de la doctrina todavía considera que el Derecho Disciplinario y el Correccional hacen parte del Derecho Penal y se refieren al  “Derecho Penal Disciplinario”. 

 

7º)  El Derecho Disciplinario y Correccional no forman parte del Derecho Penal.  Sus principales diferencias se exponen en el siguiente cuadro comparativo: 

 

DISCIPLINARIO Y CORRECCIONAL

 DERECHO PENAL

 

 

Contravención: Es administrativa. Afecta la disciplina de la misma Administración o perturba el orden público económico.

Delito:  Atenta contra los derechos de las personas y los intereses de la sociedad.

Procedimiento: Administrativo (se tramita por una entidad o autoridad de la rama ejecutiva).

Procedimiento: Jurisdiccional (se tramita por el juez competente).

Sanción: Administrativa, de carácter preventivo y correctivo. Generalmente de contenido económico.

Sanción: Judicial, de carácter represivo o depurativo.  Esencialmente privativa de la libertad física.

 

8º)  Entre el Derecho Penal y el Derecho Disciplinario o Correccional existe una gran similitud: Tienen la misma naturaleza punitiva o sancionadora.  Por esa razón, ambas ramas constituyen especies del Derecho Sancionatorio. 

 

9º)  En virtud de tal similitud, tanto al Derecho Disciplinario, como al Correccional, les son aplicables los principios del Derecho Sancionatorio, los cuales no son patrimonio exclusivo del Derecho Penal, como ordinariamente se considera.  Dichos principios son: 

 

Los de legalidad, reconocimiento de la dignidad humana, presunción de inocencia, proporcionalidad de la sanción, debido proceso, derecho de defensa, “in dubio pro reo”, “non bis in idem”, aplicación inmediata de las normas sobre procedimiento, irretroactividad de la ley, favorabilidad, “non reformatio in pejus” y publicidad.  

 

10º)  Así mismo, tanto al Derecho Disciplinario, como al Correccional y al Derecho Penal, les son aplicables los derechos y garantías mínimas consagradas en los Tratados de Derechos Humanos, como el Pacto de San José de Costa Rica, suscrito el 22 de noviembre de 1969.  En consecuencia, al legislador de cada país le corresponde ampliar esa gama de garantías.

 

Lo anterior se explica porque en Colombia, dicho Pacto fue incorporado al ordenamiento jurídico mediante la Ley 16 de 1972 y porque, de conformidad con lo dispuesto en el art. 93 de la Constitución Política, debe prevalecer sobre el orden interno, sin que por ello adquiera valor constitucional o supraconstitucional.

 

11º)     La comisión de una falta o contravención administrativa, hace incurrir al sujeto en responsabilidad administrativa

 

12º)   Al cometer una infracción o contravención administrativa, un solo sujeto puede incurrir, además de la responsabilidad administrativa, en responsabilidad civil, si causó perjuicios a un tercero. 

 

13º)  Así mismo, dicho sujeto puede incurrir también en responsabilidad penal, si la infracción administrativa es, a la vez, constitutiva de delito. 

 

14º)  Eventualmente, se puede dar el caso de que el mencionado sujeto incurra simultáneamente en las tres responsabilidades, dada su clara independencia y autonomía. 

 

15º)  Tanto en el campo del Derecho Penal, como del Civil y del Administrativo, la responsabilidad puede ser objetiva o subjetiva (con dolo o culpa).  En ese orden de ideas, este no puede ser utilizado como criterio diferenciador entre dichas responsabilidades. 

 

16º)  En materia administrativa financiera, la responsabilidad de las instituciones financieras es objetiva.  No sucede lo mismo, en tratándose de sus administradores (personas naturales), quienes deben responder solamente si han obrado con culpabilidad, es decir, subjetivamente. 

 

17º)  En esas condiciones, solamente el caso fortuito a la fuerza mayor, la culpa de la víctima o el hecho de un tercero, pueden constituir eximentes de responsabilidad para las instituciones financieras.  

 

Por el contrario, sus administradores se pueden eximir por cualquiera de las siguientes causales: Fuerza mayor o caso fortuito, culpa de la víctima, hecho de un tercero, legítima defensa, estado de necesidad, urgencia, mandato legal y orden de un superior. 

 

 

 

 

 

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