DERECHOS HUMANOS

 

 

 

LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

DE LOS ADMINISTRADORES EN EL SECTOR FINANCIERO

 

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7º)  El “indubio pro reo”: 

En caso de que exista duda, la autoridad administrativa deberá absolver al investigado, en lugar de imponerle la sanción administrativa. Al respecto, el art. 445 del C. de P.P. expresa: 

 

 “(...) En las actuaciones penales toda duda debe resolverse a favor del sindicado”. 

 

Así mismo, el art. 6º de la Ley 200 de 1995 previó: 

 

 “En el proceso disciplinario toda duda razonable se resolverá en favor del disciplinado, cuando no haya modo de eliminarla”. 

 

 8º)  El “non bis idem”: 

 

El art. 29 de la Constitución consagra el derecho “(...) a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho”.  Es decir, que implica la prohibición de aplicar dos o más sanciones que tengan idéntica naturaleza (como dos penales, o dos disciplinarias, o dos correccionales). Lo anterior, porque, en virtud de la autonomía e independencia de las responsabilidades administrativa, civil y penal, que sostengo en el presente trabajo, puede suceder que por una misma conducta, el sujeto activo respectivo incurra simultáneamente en todas ellas y, por lo tanto, podría ser tres veces sancionado.   

 

Sobre el particular, el art. 1º, inc. 2º del C. de P.P. expresa: 

 

 “(...). 

 

“Quien sea sindicado tiene derecho a (...) no ser juzgado dos veces por el mismo hecho”.  

 


 

 

Ahora bien, para aquella parte de la doctrina que identifica el Derecho Disciplinario o Correccional con el Derecho Penal, este principio significaría, obviamente, que una sanción penal, una civil y otra administrativa, no podrían concurrir o ser, en ningún caso, acumulables.

 

 9º)  Aplicación inmediata de las normas que se refieran al procedimiento: 

 

El art. 40 de la Ley 153 de 1887 reza: 

 

“Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deban empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación”.  

 

 Por su parte, el art. 9º de la Ley 200 de 1995 dispuso:

 

 “La Ley que fije la jurisdicción y competencia o determine lo concerniente a la sustanciación y ritualidad del proceso, se aplicará desde el momento en que entre a regir, salvo lo que la misma ley determine”. 

 

 10º) La irretroactividad de la ley: 

 

El art. 43 de la Ley 153 de 1887 dispuso: 

 

 “La ley preexistente prefiere a la ley ex post facto en materia penal.  Nadie podrá ser juzgado o penado sino por ley que haya sido promulgada antes del hecho que da lugar al juicio.  Esta regla solo se refiere a las leyes que definen y castigan los delitos, pero no a aquellas que establecen los tribunales y determinan el procedimiento, las cuales se aplicarán con arreglo al artículo 40” (la negrilla no es del texto). 

 

Este principio enseña que, por regla general y, por razones de seguridad jurídica, las leyes no pueden tener efecto retroactivo, esto es, regir hacia el pasado y tener aplicación a hechos ocurridos con anterioridad a su vigencia.  En suma, este principio significa que la ley aplicable es la que se encontraba vigente al momento de la ocurrencia de los hechos y no las expedidas con posterioridad a ella.  En esas condiciones, es el momento en el que se cometió la infracción administrativa, el que determina cuál es la ley aplicable al caso concreto.  

 

11º) La favorabilidad: 

 

El art. 29 de la Constitución Política ordena: 

 

 “(...). 

 

 “En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable”. 

 

Por su parte, el art. 44 de la Ley 153 de 1887 expresó: 

 

“En materia penal, la ley favorable o permisiva prefiere en los juicios a la odiosa o restrictiva, aun cuando aquella sea posterior al tiempo en que se cometió el delito. 

 

 “(...)”.

 

 Así mismo, el art. 10º del C. de P.P. dispone: 

 

 “En materia penal y procesal penal para efectos sustanciales, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable”. 

 

Este principio implica la prohibición de aplicar la analogía iuris, la analogía legis, o la interpretación extensiva “in malam partem” o para desfavorecer; y, en cambio, la permisión para hacerlo “in bonam partem” o para favorecer.

 

Así mismo, constituye una excepción al principio de la irretroactividad de la ley, toda vez que si ésta fuere más favorable, será aplicable aun cuando sea posterior al hecho. En suma, si la ley posterior es permisiva, aunque sea posterior se aplicará de preferencia a la ley restrictiva. (Código Disciplinario, art. 15).  

 

 12º)  La “non reformatio in pejus”

 

Siguiendo a los autores SUSANA LORENZO[1] y MARIENHOFF[2], este principio consagra la imposibilidad, para la Administración, de empeorar la situación jurídica de la persona (natural o jurídica) sancionada, como consecuencia de haber revisado, de oficio, o a petición de parte, el respectivo acto administrativo sancionatorio.

 

Al respecto, dispuso el art. 17 del C. de P.P.: 

 

 “El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único”.  

 

13º)  La publicidad: 

 

El art. 209 de la Constitución preceptúa: 

 

“La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad (...). 

 

Por su parte, el art. 8º del C. de P.P. expresa:

 

“Dentro del proceso penal la investigación es reservada para quienes no sean sujetos procesales y el juicio es público.  Se aplicarán las excepciones previstas en este Código sobre reserva”.  

 

Así mismo, el C.C.A., art. 3º, inc. 6º dispone: 

 

“(...). 

 

“En virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a conocer sus decisiones mediante las comunicaciones, notificaciones o publicaciones que ordenan este Código y la ley”. 

 

 B- PRINCIPIOS CONSAGRADOS EN EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS: 

Según CHIPOCO,  

 

 “El derecho internacional de los derechos humanos consiste en el cuerpo de reglas internacionales, procedimientos e instituciones elaboradas para implementar la idea de que toda nación tiene la obligación de respetar los derechos humanos de sus ciudadanos y de que las otras naciones y la comunidad internacional tiene la obligación y el derecho de vigilar el cumplimiento de esa obligación”[3]

En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica constituye uno de sus principales instrumentos. Fue suscrita por quince (15) países signatarios[4] en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969; incorporada al ordenamiento jurídico colombiano mediante la ley 16 del 30 de diciembre de 1972; y entrada en vigor el 18 de julio de 1978[5]

En el art. 1º, el mencionado Pacto consagró, para los Estados Partes, la obligación de respetar los derechos consagrados en el mismo.  Al efecto, expresó: 

 

“1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

 

 “2.  Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano” (negrillas fuera del texto). 

En el art. 8º, dicho Pacto consagró las siguientes garantías judiciales

 

“1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter

 

“2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.  Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas[6]: 

 

 “a.  derecho del inculpado a ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; 

 

“b.  comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; 

 

“c.  concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; 

 

 “d.  derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; 

 

“e. derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley; 

 

“f.  derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; 

 

 “g. derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y 

 

“h.  derecho a recurrir del fallo ante juez o tribunal superior[7].  

 

 “3.  La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza. 

 

 “4.  El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos[8]

 

 “5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia”. 

 

Sobre las garantías consagradas en ella, el jurista HECTOR GROSS ESPIELL expresa: 

 

 “(...) se refieren o a la garantía judicial genérica en la sustanciación de cualquier acusación penal o en la determinación de los derechos y obligaciones en el orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter (párrafo 1), o a las garantías judiciales concretas de la materia penal (párrafos 2, 3, 4 y 5). De todos modos, los artículos 7 y 8 de la Convención Americana deben ser analizados en conjunto, ya que de los dos nacen garantías judiciales de los derechos reconocidos por el Pacto de San José.  

 

 “(...). 

 

“(...).  Este texto americano (...), tiene importantes consecuencias y proyecta la aplicación de las garantías judiciales no sólo en las materias regidas por el derecho penal y por el derecho civil, sino también el laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, por ejemplo administrativo, tan importantes hoy en relación con derechos reconocidos en la Convención y por lo que en el Estado moderno significan las materias laboral, fiscal y administrativa. Sin embargo, la norma del artículo 1.2 del Pacto limita a las personas físicas el derecho al ejercicio de estas garantías (...). 

 

“(...)“. 

 

 

“(...).  El plazo razonable, aplicación al proceso del principio general de la razonabilidad en el derecho, tiene necesariamente que ser general, referido a todo procedimiento penal o civil y en el sistema interamericano también laboral, fiscal, administrativo, etc. (...)”[9] (las negrillas no son del texto).

 

Ahora bien, veamos por qué las referidas normas del Pacto de San José de Costa Rica tienen plena vigencia y aplicabilidad en nuestro país: En primer lugar, porque dicho Pacto fue aprobado mediante la Ley 16 del 30 de diciembre de 1972; y porque la Constitución de 1991 preceptúa en el art. 93: 

 

“Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohiben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. 

 

“Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”. (Las negrillas no son del texto).  

 

 

 

 

 

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