DERECHOS HUMANOS

 

 

 

LOS ESTADOS DE EXCEPCIÓN Y EL CONTROL

DE CONSTITUCIONALIDAD EN COLOMBIA

 

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 2º)  ANTECEDENTES: 

 

a- La Jurisprudencia constitucional de la Corte S. de J. bajo la vigencia de la Constitución de 1886

 

La anterior Carta Política consagraba el estado de sitio como mecanismo para restablecer el orden público cuando fuere alterado por guerra exterior y conmoción interior.  Como en la práctica, hasta 1968 se utilizó también esa figura para conjurar las crisis de carácter económico, el Constituyente de ese año consagró el estado de emergencia económica y social (art. 122) distinguiéndolo del estado de sitio (art. 121).     

 

La jurisprudencia constitucional de la Corte Suprema de Justicia, reiteradamente sostuvo que ella no tenía competencia para adentrarse en el estudio y análisis de las circunstancias fácticas que dieran lugar a las motivaciones de los decretos legislativos de declaratoria de los estados de sitio y de emergencia económica y social, así como al levantamiento de dichas medidas.

 

En efecto, en sentencia del 15 de octubre de 1974, la Sala Plena de esa Corte, con ponencia de los Magistrados José Gabriel de La Vega y Eustorgio Sarria, expresó lo siguiente: 

 

"3. El decreto inicial que declara el 'estado de emergencia económica' es un acto conjunto del jefe del Estado y los ministros, sometido al control de la Corte en los términos del artículo 214 y del parágrafo del artículo 122, y cuya revisión no puede comprender el estudio de los motivos que se hayan tenido para declararla, pues tomar esa decisión es potestativa del gobierno, de modo discrecional

 

"(...). 

 

"(...) corresponde a la Corte, en armonía con el parágrafo del artículo 122, comprobar, de modo objetivo, su cumplimiento, sin que le sea permitido adentrarse en consideraciones de orden económico, social o fiscal". (Los destacados son míos).  

 

Y en relación con la suspensión o levantamiento del estado de sitio, la Sala Plena de la misma Corte en sentencia de abril 23 de 1974, M.P.: Luis Sarmiento Buitrago, expresó : 

 


 

 

"(...).  La revisión de la Corte no puede comprender el estudio de los motivos que haya tenido el Gobierno para suspender el estado de sitio, pues tomar esa decisión es potestativo del Gobierno, de modo discrecional (...)".(Los destacados son míos).   

 

Finalmente, con respecto a la declaratoria de emergencia económica y social, la citada Corte, en sentencia de marzo 6 de 1986, con ponencia de Hernando Gómez Otálora, expresó:

 

"(...). 

 

"Empero, una respetable jurisprudencia de la Corte sostenía desde cuando por primera vez se hizo uso del excepcional instrumento, en 1974 (C.S.J. Sala Plena, sentencia de octubre 15 de 1974; C.S.J. Sala Plena, sentencia del 15 de febrero de 1983), ha venido sosteniendo la tesis de que, aunque la competencia general que le confiere la Constitución la obliga a examinar los aspectos formales del decreto declaratorio, por ser éste el acto por medio del cual el Gobierno declara el estado de emergencia es un acto cuyos fundamentos fueron estudiados (previamente) por el Consejo de Estado y que compromete la responsabilidad política del Presidente de la República y de todos sus ministros.  Solamente esos altos funcionarios de la administración disponen de la información, y los elementos valorativos necesarios para determinar si se dan y en qué medida los hechos perturbatorios, las crisis o amenazas de crisis económicas o sociales o la calamidad pública que configuran la emergencia; no corresponde a la Corte entrar en investigaciones ni en valoraciones de carácter social o económico tendientes a establecer la presencia y magnitud de los hechos invocados por el Ejecutivo. 

 

"La Corte sigue estimando acertada esta doctrina y, por tanto, considera que en el presente caso su competencia no va más allá de la verificación de los requisitos de forma o externos, sin profundizar en estudios sobre la materia contenida en el decreto que se examina (...)". (Los destacados son míos).

 

b-  La jurisprudencia de la Corte Constitucional en vigencia de la Constitución de 1991:

 

Como se expresó anteriormente, el Constituyente de 1991 fue innovador al distinguir claramente entre los siguientes estados de excepción: El de guerra exterior (art. 212), el de conmoción interior (art. 213) y el de emergencia (art.215).

 

Así mismo, es importante recordar la distinción entre los decretos legislativos mediante los cuales se declara el estado de excepción y los decretos legislativos que el gobierno expide durante su vigencia.  Unos y otros decretos están sometidos al control posterior de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, el cual podrá ser también oficioso.

 

La Corte Constitucional ha tenido un criterio opuesto al que tenía la Corte S. de J. y ha sostenido que el control de constitucionalidad se extiende tanto a los aspectos de fondo, como a los de forma de los decretos legislativos que declaran los estados de excepción.  En otras palabras, los hechos que en concepto del Gobierno son perturbadores del orden público, son también objeto del control de constitucionalidad, en el sentido de que los decretos legislativos que los contemplan en su parte motiva, pueden ser declarados inexequibles, en el caso de que dicha Corte llegare a discrepar del criterio del Gobierno.

 

En sentencia C-004/92, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz, la Corte Constitucional expresó: 

 

"El ejercicio de un control integral sobre los actos de los poderes constituidos asegura la primacía de la Constitución como Norma de Normas que manda la regla 4a. del Estatuto Máximo y la misión confiada a su guardiana de preservar su 'supremacía e integridad' por el constituyente en el artículo 215 superior.... Dicho de otro modo, si la Corte elude el control material de los decretos que declaran un estado de excepción, ello significaría que las facultades del Presidente de la República en esta materia serían supraconstitucionales.  Y más aún: que esta Corte podría tolerar la actividad inconstitucional del Ejecutivo renunciando así a su deber de restablecer el imperio del Estatuto Supremo.

 

"La voluntad del constituyente a este respecto, se pone así mismo de resalto, si se armoniza el precepto mencionado, con la expresión inequívoca empleada en la primera parte del artículo 241 en comento, según la cual a la Corte le corresponde la guarda de la 'integridad' y de la 'supremacía' de la Constitución.  No cabe duda que si un acto del Ejecutivo -como sería el caso del decreto que constituye el supuesto hipotético materia de esta glosa-, pudiera por razón de su motivación violar impunemente la Constitución del Estado, ya no estaría la Corte defendiendo la 'integridad' de la misma sino apenas una parte de ella.

 

"Por lo expuesto, el control jurídico constitucional debe ser integral y no parcial o limitado a uno solo de los aspectos de la institución, cual es el mero procedimiento formal como quiera que la defensa atribuida a esta Corte por las normas aludidas, no se contrae a una parte de la Constitución sino que se refiere a toda ella. 

 

"(...).

 

"(...) la libertad del Presidente se reduce a tomar la decisión de efectuar dicha declaración determinando el momento para hacerlo y señalando los hechos que la justifican, pero en lo que concierne a la efectiva configuración del presupuesto objetivo de la misma, no dispone de discrecionalidad alguna y no hay alternativas distintas a su existencia o inexistencia. 

 

"(...). 

 

"(...) un juicio de existencia sobre el presupuesto objetivo de una eventual declaratoria, en cuanto está ligado a conceptos complejos que envuelven criterios de valoración no estrictamente técnicos -como gravedad, inminencia, amenaza, etc.-, debe necesariamente comportar un margen de discreta apreciación por parte del Presidente que, de todas maneras, no es en modo alguno discrecional, no puede ignorar la existencia real de los hechos que dan base a sus calificaciones, ni sustraerse a un escrutinio lógico y racional del nexo de probabilidad que pueda enlazarse a sus manifestaciones y previsiones, así como de la misma congruencia de su argumentación a la luz de la circunstancias cuya existencia se proclama".  (Los destacados son míos).

 

En sentencias C-300/94 del y C-466/95, esta última proyectada por el M.P.: Carlos Gaviria Díaz, la Corte reiteró la anterior doctrina.  La última de las citadas sentencias tuvo salvamento de voto del Magistrado Jorge Arango Mejía, el cual, aunque un poco demagógico, acogemos y del que se transcriben los siguientes apartes: 

 

"(...). 

 

"Según el artículo 241 de la Constitución, a 'la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos' de esta misma norma.  Esto implica sin necesidad de complicadas lucubraciones, que la Corte no tiene un poder omnímodo.  Pero, qué ha ocurrido, qué viene sucediendo?

 

"Que la Corte, so pretexto de proteger los derechos fundamentales, y basándose en su condición de intérprete de la Constitución, ejerce cada día poderes más amplios e invade la esfera reservada por la ley a otras autoridades.  Al fin y al cabo, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones.  

 

"(...). 

 

"La Corte Constitucional no ejerce un poder omnímodo, porque en el Estado de Derecho no hay poderes omnímodos.  Dios no quiera que se convierta en absoluto el poder de quienes apenas son unos intérpretes de la Constitución, encargados de guardar su integridad y supremacía, dentro de los estrictos y precisos términos del artículo 241 de la misma (...).

 

"La Corte Constitucional, al dictar la sentencia C-466 de octubre 18 de 1995, ha comenzado a escribir el acta de defunción de la Constitución de 1991. Porque si ésta, según la errónea interpretación de la sentencia, no permite que el Presidente de la República haga uso de los poderes que ella misma le confiere para conservar y restablecer el orden público, hay que reformarla.  No se puede incurrir en la ingenuidad de sacrificar a la sociedad en aras de una falsa legalidad que solo sirve a los criminales (...). (Los destacados son del texto).

 

Esta jurisprudencia ha causado una gran controversia en el país, dando lugar, entre otras, a la propuesta de enmienda constitucional que presentó el Gobierno y que analizaremos a continuación.   

  

 

 

 

 

 

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