DERECHOS HUMANOS

 

 

 

LOS ESTADOS DE EXCEPCIÓN Y EL CONTROL

DE CONSTITUCIONALIDAD EN COLOMBIA

 

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B-  LA CONSTITUCIÓN DE 1991: 

El Constituyente de 1991 denominó genéricamente a las mencionadas instituciones como "estados de excepción" e hizo una clara distinción entre el estado de guerra exterior (art. 212), el estado de conmoción interior (art. 213) y el estado de emergencia, la cual podrá obedecer a motivos de orden económico, social y ecológico (art. 215).

 

1º)  EL ESTADO DE GUERRA EXTERIOR: 

El artículo 212 de la C.P. expresa,  en alguno de sus apartes lo  siguiente: 

 

"Mediante tal declaración, el Gobierno tendrá las facultades estrictamente necesarias para repeler la agresión, defender la soberanía, atender los   requerimientos de la guerra, y procurar el restablecimiento de la normalidad". 

 

El estado de guerra exterior fue consagrado para el caso de que Colombia reciba una agresión exterior por parte de una nación extranjera.  Con la firma de todos sus ministros y la autorización del Senado, el Presidente de la República puede declarar dicho estado.  Así mismo, puede adoptar las medidas que considere necesarias para repeler dicha agresión, defender la soberanía nacional, atender los requerimientos de la guerra y procurar el restablecimiento del orden público.

 

Como lo establecía la Constitución anterior, el Congreso continuará funcionando normalmente y a él le corresponde ejercer el control político del gobierno.  Así mismo, los decretos legislativos dictados por el gobierno, no derogan pero suspenden las leyes que sean incompatibles con el estado de guerra; y pierden su vigencia al momento de ser restablecido el orden público.  Sin embargo, no podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales y, en todo caso, deberán respetarse las reglas del Derecho internacional humanitario.

 

Durante el estado de guerra exterior, el Presidente podrá adoptar múltiples medidas para conjurar la crisis generada por la agresión exterior, tales como:  Decretar expropiaciones y ocupaciones; restricciones a la prensa escrita y demás medios de comunicación; restricciones a la circulación de las personas; la movilización militar; y modificar transitoriamente las normas ordinarias que regulan el servicio militar obligatorio. 

 


 

 

2º)  EL ESTADO DE CONMOCIÓN INTERIOR: 

El art. 213 de la C.P. estableció, en alguno de sus apartes lo siguiente: 

 

"En caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de policía, el Presidente de la República podrá declarar el estado de conmoción interior, en toda la República o parte de ella, por término no mayor de noventa días, prorrogable hasta por dos períodos iguales, el segundo de los cuales requiere concepto previo y favorable del Senado de la República.  Mediante tal declaración, el gobierno tendrá las facultades estrictamente necesarias para conjurar las causas de la perturbación e impedir la extensión de sus efectos". 

 

De conformidad con la norma transcrita, se puede decretar el estado de conmoción interior en caso de perturbación grave del orden público, que atente intensamente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana, a tal punto que no pueda restablecerse mediante el uso de las atribuciones ordinarias de policía. 

 

La declaración del estado de conmoción interior en todo el país o parte de la república, requerirá la firma de todos los ministros.  Su vigencia no puede ser mayor de 90 dias, aunque este plazo puede ser prorrogado por dos veces más (la segunda, previo concepto favorable del Senado de la República).  El Presidente debe adoptar estrictamente las medidas necesarias para restablecer el orden público turbado, mediante la expedición de decretos legislativos que tienen idénticas características a los del estado de guerra exterior. 

 

Durante la vigencia del estado de conmoción interior, el Presidente podrá adoptar muchas de las medidas mencionadas en relación con el estado de guerra exterior y, además, entre otras, las siguientes:  Someter a permiso previo o restringir la celebración de reuniones y manifestaciones públicas; ordenar la aprehensión preventiva de personas; limitar o racionar el consumo de servicios o de artículos de primera necesidad; imponer contribuciones fiscales o parafiscales que no figuren en el presupuesto de rentas o efectuar erogaciones aún no incluidas en el de gastos; modificar el presupuesto;  suspender la vigencia de salvoconductos para el porte de armas;  tipificar penalmente algunas conductas, aumentar y reducir penas; y modificar el procedimiento penal. 

 

Las medidas relacionadas anteriormente son amplísimas en número, alcance y contenido.  Sin embargo, la Ley 137 de 1994 (estatutaria de los estados de excepción), estableció tres prohibiciones que merecen ser comentadas:  Durante el estado de conmoción interior no podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales; los civiles no podrán ser investigados o juzgados por la justicia penal militar; y no podrá privarse a los municipios de sus ingresos o recursos ordinarios.

 

3º)  EL ESTADO DE EMERGENCIA: 

El art. 215 de la C.P. reza, en uno de sus apartes, lo siguiente: 

 

"Cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos en los arts. 212 y 213 que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyen grave calamidad pública, podrá el Presidente, con la firma de todos los ministros, declarar el estado de emergencia por períodos hasta de treinta días en cada caso, que sumados no podrán exceder de noventa días en el año calendario. Mediante tal declaración, que deberá ser motivada, podrá el Presidente, con la firma de todos los ministros, dictar decretos con fuerza de ley, destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos" (art. 215).

 

Como se desprende de la anterior norma, el estado de emergencia puede ser declarado por motivos distintos a los que pueden servir de base a una declaratoria de guerra exterior o conmoción interior, es decir, por razones que alteren o amenacen perturbar gravemente el orden público económico, social y ecológico, o que constituyan grave calamidad pública. 

 

El estado de emergencia se declara mediante decreto legislativo con la firma del Presidente y todos sus ministros, por períodos de 30 dias en cada caso que, sumados, no podrán exceder de 90 dias al año.  Como sucede con los otros dos estados de excepción citados, el gobierno podrá dictar decretos con fuerza de ley para adoptar estrictamente las medidas que puedan conjurar la crisis o impedir la extensión de sus efectos.  Así mismo, el gobierno podrá establecer nuevos tributos o modificar los existentes.  Finalmente, en cuanto a garantías se refiere, no se podrán desmejorar los derechos sociales de los trabajadores, como lo prevé la Ley 137/94, estatutaria de los estados de excepción.                   

 

4º)  EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE LOS DECRETOS LEGISLATIVOS : 

Tal y como lo preveía la Constitución anterior, la de 1991 consagró el deber del gobierno de enviar a la Corte Constitucional (ya no a la Corte Suprema de Justicia), y al dia siguiente de su expedición, los decretos legislativos que dicte durante los estados de excepción, es decir, tanto aquellos mediante los cuales se declaren dichos estados, como los que se dicten para adoptar las medidas dirigidas a restablecer el orden público turbado.  En su defecto, la Corte Constitucional ejercerá el control automático de constitucionalidad de dichos actos, institución que tiene los beneficios (de agilidad y eficacia) anteriormente mencionados, a los cuales me remito.

 

C-  EL PROYECTO DE REFORMA A LOS ESTADOS DE EXCEPCIÓN: 

La crisis política que vive el país ha desembocado en el comienzo de un proceso constituyente, cuando apenas han transcurrido escasos 5 años de haber sido promulgada la Constitución de 1991. Ello ha dado lugar a la presentación de algunos proyectos de actos legislativos reformatorios de la Constitución de iniciativa congresional.  Así mismo, el Gobierno Nacional ha presentado recientemente al Congreso de la República un extenso proyecto por el cual se propone reformar 48 artículos de la Carta, entre ellos, el relacionado con los estados de excepción.

 

En cuanto a la Importancia y oportunidad de una reforma, han sido aspectos que han suscitado una gran controversia. Constitucionalistas, políticos, académicos, docentes, magistrados, periodistas y, en general, los ciudadanos, a pesar de sus disímiles opiniones sobre los aspectos concretos de la reforma, sí han coincidido en que ésta es, cuanto menos, inoportuna.  Tal vez les asista razón, si se tiene en cuenta que han transcurrido pocos años desde que se promulgó la Constitución y que no ha concluido aún el proceso de decantación de las diversas figuras e instituciones jurídicas novedosas que consagró.  Lo anterior, sumado a que los diferentes sectores que propenden por una reforma a la Carta, entre ellos el Gobierno, han presentado sus proyectos con el objeto de superar la crisis política e institucional por la que atraviesa el país.  Al respecto, cabe preguntarse si esta crisis puede atribuirse directa y únicamente a la Constitución de 1991, pues solamente en caso afirmativo sería bienvenida una reforma.

 

Inicialmente, en materia de estados de excepción, se pretendía por el Gobierno la supresión de las restricciones en cuanto a su vigencia y la limitación del control de constitucionalidad a los aspectos puramente formales (excluyendo  la motivación de los decretos que los declaran). 

 

Pero en el texto definitivo del proyecto de Acto Legislativo presentado por el Gobierno al Congreso, se elimina totalmente el control de constitucionalidad sobre los decretos que declaran los estados de excepción.

 

1º) CONSIDERACIONES PREVIAS: 

a- Como se expresó anteriormente, el Gobierno Nacional ha propuesto un proyecto de reforma constitucional a la Carta Política de 1991. Entre los puntos que se destacan se halla el de la limitación al control jurisdiccional de constitucionalidad que corresponde a la Corte Constitucional, respecto de la competencia que ejerce sobre los decretos legislativos, mediante los cuales se declaran los estados de excepción (de guerra exterior, de conmoción interior y de emergencia económica, social y ecológica).  El Gobierno pretende que dicha Corte no pueda conocer de las motivaciones de los decretos citados y, por ende, no sean objeto de control, preservando así su intangibilidad jurídica.

 

b-  Evidentemente, se trata de una clara y ostensible limitación jurídico-política a la jurisdicción constitucional y al control de constitucionalidad en Colombia.  

 

 

 

 

 

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