DERECHO

 

 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL COLOMBIANO

 

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CAPITULO II
DE LA COMPETENCIA

 

Artículo 68.- (Competencia de la Corte Suprema de Justicia). La sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia conoce:

 

1. Del recurso de casación

 

2. De la acción de revisión cuando la sentencia ejecutoriada haya sido proferida en única o segunda instancia por ésta corporación, por el Tribunal Nacional o por los Tribunales Superiores de Distrito.

 

3. Del recurso de hecho cuando se deniegue el recurso de casación.

 

4. De los recursos de apelación y de hecho en los procesos que conocen en primera instancia los Tribunales Superiores de distrito y el Tribunal Nacional.

 

5. De los conflictos de competencia que se susciten en asuntos de la jurisdicción penal ordinaria entre tribunales o juzgados de dos o más distritos judiciales; entre un tribunal y un juzgado de otro distrito judicial; entre tribunales, o entre un juzgado regional y cualquier juez penal de la República.

 

6. Del juzgamiento de los funcionarios a que se refieren los numerales 2, 3, y 4 del artículo 235 de la Constitución Nacional.

 

7. Del juzgamiento de los funcionarios a que se refiere el artículo 174 de la Constitución Nacional, cuando hubiere lugar.

 

8. De las solicitudes de cambio de radicación de procesos penales de un distrito judicial a otro, durante la etapa de juzgamiento.

 

9. Del juzgamiento del Viceprocurador, Vicefiscal, fiscales y procuradores delegados ante la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Nacional y los tribunales superiores.

 

Artículo 69.- (Competencia del tribunal nacional). A los magistrados del Tribunal Nacional les corresponde conocer, en sala de decisión:

 

1. En segunda instancia de los recursos de apelación y de hecho interpuestos contra las decisiones proferidas por los jueces regionales.

 

2. En primera instancia, de los procesos que se sigan a los jueces regionales, fiscales y agentes del ministerio público delegados ante ellos por delitos que cometan por razón de sus funciones.

 

3. De la solicitud de cambio de radicación de procesos penales que adelanten los jueces regionales.

 

Artículo 70.- (Competencia de los tribunales superiores de distrito). Las salas penales de decisión de los Tribunales Superiores de Distrito conocen:

 

1. En segunda instancia, de los recursos de apelación y de hecho, en los procesos que conocen en primera instancia los jueces de circuito.

 

2. En primera instancia, de los procesos que se sigan a los Jueces de circuito, municipales, de menores, de familia, a los fiscales delegados ante los Juzgados, a los agentes del Ministerio Público por delitos que cometan por razón de sus funciones.

 

3. De la acción de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Jueces del respectivo distrito.

 

4. De las solicitudes de cambio de radicación dentro del mismo distrito.

 

5. De las colisiones de competencia que se presenten entre jueces del circuito del mismo distrito.

 

Artículo 71.- (Competencia de los jueces regionales). Los jueces regionales conocen:

 

En primera Instancia:

 

1. De los delitos señalados en los artículos 32 y 33 de la Ley 30 de 1986, cuando la cantidad de plantas exceda de dos mil unidades, la de semillas que sobrepase los diez mil gramos y cuando la droga o sustancia exceda de diez mil gramos si se trata de marihuana, sobrepase los tres mil gramos si es hachis, sea superior a dos mil gramos si se trata de cocaína o sustancia a base de ella y cuando exceda los cuatro mil gramos si es metacualona.

 

2. De los procesos por los delitos descritos en el artículo 34 de la ley 30 de 1986, cuando se trate de laboratorios, o cuando la cantidad de droga almacenada, transportada vendida o usada exceda de diez mil gramos de marihuana, sobrepase los tres mil gramos si es hachis, sea superior a dos mil gramos si es cocaína o sustancia a base de ella, o exceda de los cuatro mil gramos si es metacualona.

 

3. De los delitos descritos en los artículos 35, 39, 43 y 44 de la ley 30 de 1986.

 

4. De los delitos contra la existencia y seguridad del Estado, de los delitos contra el régimen constitucional y de los delitos a los que se refiere el decreto 2266 de 1991, con la excepción del simple porte de armas de fuego de defensa personal, de la interceptación de correspondencia oficial y delitos contra el sufragio. Cuando se trate del delito de extorsión y conexos, la competencia de los Jueces regionales procede solo si la cuantía es o excede de ciento cincuenta salarios mínimos legales mensuales.

 

Artículo 72.- (Competencia de los jueces de circuito). Los jueces de circuito conocen:

 

1. En primera instancia, de los delitos cuyo juzgamiento no esté atribuido a otra autoridad.

 

2. En segunda instancia de los procesos penales que sean de conocimiento de los jueces municipales o promiscuos.

 

3. En primera instancia, de los procesos penales contra clérigos y religiosos con excepción de los obispos y de quienes estén asimilados a estos de acuerdo con la ley 20 de 1974.

 

4. En primera instancia, de los procesos penales contra los alcaldes, cuando el hecho punible se haya cometido en ejercicio de sus funciones o por razón de ellas.

 

5. De las colisiones de competencia que se susciten entre jueces penales municipales o promiscuos del mismo circuito.

 

Artículo 73.- (Competencia de los jueces municipales). Los Jueces penales municipales conocen:

 

1. De los procesos por delitos contra el patrimonio económico cuya cuantía no exceda de cincuenta salarios mínimos mensuales.

 

2. De los procesos por delitos que requieran querella de parte, cualquiera sea su cuantía.

 

3. De los procesos por delitos de lesiones personales.

 

La competencia por la cuantía se fijará definitivamente teniendo en cuenta el valor de los salarios mínimos legales vigentes al momento de la comisión del hecho.

 

Artículo 74.- (Jurado de derecho). En los delitos de homicidio de los que conocen los jueces del circuito habrá audiencia pública con un jurado de derecho compuesto por tres abogados. Estos jurados se integrarán por sorteo, con presencia del agente del ministerio público, de las listas remitidas por el Consejo Superior de la Judicatura a los jueces del circuito.

 

Artículo 75.- (Competencia de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad). Los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad en ejercicio de su facultad de ejecución de las sentencias proferidas por los jueces penales, conocen:

 

1. De todo lo relacionado con la libertad del condenado que deba otorgarse con posterioridad a la sentencia, rebaja de penas, redención de pena por trabajo, estudio o enseñanza, y extinción de la condena.

 

2. De la verificación del lugar y condiciones en que se deba cumplir la pena o la medida de seguridad.

 

3. De la acumulación jurídica de penas en caso de varias sentencias condenatorias proferidas en procesos distintos contra la misma persona.

 

4. De la aplicación del principio de favorabilidad cuando debido a una ley posterior hubiere lugar a reducción o extinción de la pena.

 

5. Del reconocimiento de la ineficacia de la sentencia condenatoria cuando la norma incriminadora haya sido declarada inexequible o haya perdido su vigencia.

 

Artículo 76.- (Segunda instancia de las providencias adoptadas por los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad). La apelación interpuesta contra las decisiones proferidas por los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, será resuelta por los superiores jerárquicos de los jueces que hayan dictado la sentencia condenatoria de primera instancia.

 

Artículo 77.- (Competencia de los jueces de paz). Los jueces de paz conocen de las contravenciones.