DERECHO

 

 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL COLOMBIANO

 

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CAPITULO IX
ACCION DE REVISION

 

Artículo 232. (Procedencia). La acción de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas, en los siguientes casos:

 

1. Cuando se haya condenado o impuesto medida de seguridad a dos o más personas por un mismo delito que no hubiese podido ser cometido sino por una o por un número menor de las sentenciadas.

 

2. Cuando se hubiere dictado sentencia condenatoria o que imponga medida de seguridad, en proceso que no podía iniciarse o proseguirse por prescripción de la acción, por falta de querella o petición válidamente formulada, o por cualquier otra causal de extinción de la acción penal.

 

3. Cuando después de la sentencia condenatoria aparezcan hechos nuevos o surjan pruebas, no conocidas al tiempo de los debates, que establezcan la inocencia del condenado, o su inimputabilidad.

 

4. Cuando con posterioridad a la sentencia, se demuestre, mediante decisión en firme, que el fallo fue determinado por un hecho delictivo del juez o de un tercero.

 

5. Cuando se demuestre, en sentencia en firme, que el fallo objeto de pedimento de revisión se fundamentó en prueba falsa.

 

6. Cuando mediante pronunciamiento judicial, la Corte haya cambiado favorablemente el criterio jurídico que sirvió para sustentar la sentencia condenatoria.

 

Lo dispuesto en los numerales 4 y 5 se aplicará también en los casos de cesación de procedimiento y preclusión de la investigación.

 

Artículo 233. (Titularidad de la acción). La acción de revisión podrá ser promovida por el defensor, por los titulares de la acción civil dentro del proceso penal, por el Ministerio Público o por el Fiscal.

 

Artículo 234. (Instauración de la acción). La acción se promoverá por medio de escrito dirigido al funcionario competente y deberá  contener:

 

1. La determinación de la actuación procesal cuya revisión se demanda con la identificación del despacho que produjo el fallo.

 

2. El delito o delitos que motivaron la actuación procesal y la decisión.

 

3. La causal que invoca y los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya la solicitud.

 

4. La relación de las pruebas que se aportan para demostrar los hechos básicos de la petición.

 

Se acompañará copia o fotocopia de la decisión de primera y segunda instancias y constancia de su ejecutoria, según el caso, proferidas en la actuación cuya revisión se demanda.

 

Artículo 235. (Trámite). Repartida la demanda, el magistrado ponente examinará si reúne los requisitos exigidos en el artículo anterior; en caso afirmativo la admitirá dentro de los cinco días siguientes, mediante auto de sustanciación que se notificará, en el cual también dispondrá solicitar el proceso objeto de la revisión. Este auto será notificado personalmente a los no demandantes; de no ser posible, se les notificará por estado. Si se tratare del absuelto, o a cuyo favor se ordenó cesación de procedimiento o preclusión de la investigación, se le notificará personalmente y cuando esto no sea posible se le declarará persona ausente y se le designará defensor de oficio, con quien se surtirá toda la actuación.

 

Si la demanda fuere inadmitida, la decisión se tomará mediante auto interlocutorio de la Sala.

 

El mismo trámite se aplicará cuando de la acción de revisión conozcan el Tribunal Nacional o los Tribunales Superiores.

 

Artículo 236. (Impedimento especial). No podrá intervenir en el trámite y decisión de esta acción ningún magistrado que haya suscrito la decisión objeto de la misma.

 

Artículo 237. (Apertura a prueba). Recibido el proceso, se abrirá a prueba por el término de quince días para que las partes soliciten las que estimen conducentes.

 

Una vez decretadas las pruebas, se practicarán dentro de los treinta días siguientes.

 

Artículo 238. (Traslado). Vencido el término probatorio, se dará traslado común de quince días a las partes para que aleguen, siendo obligatorio para el demandante hacerlo.

 

Artículo 239. (Término para decidir). Vencido el término previsto en el artículo anterior, se decidirá dentro de los treinta días siguientes. El magistrado ponente deberá registrar proyecto dentro de los diez días siguientes al vencimiento del traslado a que se refiere el artículo anterior.

 

Artículo 240. (Revisión de la sentencia). Si la Sala encuentra fundada la causal invocada, procederá de la siguiente forma:

 

1. Declarará sin valor la sentencia motivo de la acción y dictará la providencia que corresponda, cuando se trate de la prescripción de la acción penal, de ilegitimidad o caducidad de la querella, o cualquier otra causal de extinción de la acción penal, y en el evento previsto en el numeral 6 del artículo 232.

 

2. En los demás casos, la actuación será devuelta al despacho judicial de la misma categoría, diferente de aquel que profirió la decisión, a fin de que se tramite nuevamente a partir del momento procesal que se indiqu

 

Artículo 241. (Libertad del procesado). En el fallo en que ordene la revisión, la sala decretará la libertad provisional del procesado, mediante caución. No se impondrá caución cuando el recurso de revisión se refiera al numeral segundo del artículo 232 de este Código

 

Artículo 242. (Consecuencias de la decisión que exonera de responsabilidad). Si la decisión que se dictare en la actuación fuere cesación de procedimiento o sentencia absolutoria, el sindicado o sus herederos podrán demandar la restitución de lo pagado, sin perjuicio de las demás acciones que se deriven del acto injusto. Habrá lugar a solicitar responsabilidad del Estado.

 

CAPITULO X
DISPOSICIONES COMUNES AL RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACION Y
LA ACCION DE REVISION

 

Artículo 243. (Aplicación extensiva). La decisión del recurso de casación y de la acción de revisión se extenderá a los no recurrentes y accionantes, según el caso.

 

Artículo 244. (Desistimiento). No se podrá desistir del recurso o la acción cuando el expediente ya esté al despacho para decidir.

 

Artículo 245. (Notificación a los no recurrentes o no accionantes). Los no recurrentes o accionantes serán notificados personalmente del auto admisorio de la demanda; de no ser posible, se les notificará por estado. Si se tratare del absuelto, se le declarará  ausente y se le designará defensor de oficio con quien se surtirá el recurso.

 

TITULO V
PRUEBAS

 

CAPITULO I
PRINCIPIOS GENERALES

 

Artículo 246. (Necesidad de la prueba). Toda providencia debe fundarse en pruebas legal, regular y oportunamente allegadas a la actuación.

 

Artículo 247. (Prueba para condenar). No se podrá dictar sentencia condenatoria sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza del hecho punible y la responsabilidad del sindicado.

 

En los procesos de que conocen los jueces regionales no se podrá dictar sentencia condenatoria que tenga como único fundamento, uno o varios testimonios de personas cuya identidad se hubiere reservado.

 

Artículo 248. (Medios de prueba). Son medios de prueba: la inspección, la peritación, los documentos, el testimonio, la confesión. Los indicios se tendrán en cuenta al momento de realizar la apreciación de las pruebas siguiendo las normas de la sana crítica.

 

El funcionario practicará las pruebas no previstas en este código, de acuerdo con las disposiciones que regulen medios semejantes o según su prudente juicio, respetando siempre los derechos fundamentales.

 

Artículo 249. (Imparcialidad del funcionario en la búsqueda de la prueba). El funcionario judicial buscará la determinación de la verdad real. Para ello debe averiguar, con igual celo, las circunstancias que demuestren la existencia del hecho punible, agraven o atenúen la responsabilidad del imputado, y las que tiendan a demostrar su inexistencia o lo eximan de ella.

 

Durante el juzgamiento, la carga de la prueba del hecho punible y de la responsabilidad del procesado corresponde a la fiscalía. El juez podrá decretar pruebas de oficio.

 

Artículo 250. (Rechazo de las pruebas). No se admitirán las pruebas que no conduzcan  a establecer la verdad sobre los hechos materia del proceso o las que hayan sido obtenidas en forma ilegal para determinar responsabilidad. El funcionario rechazará mediante providencia las legalmente prohibidas o ineficaces, las que versen sobre hechos notoriamente impertinentes y las manifiestamente supérfluas. Cuando los sujetos procesales soliciten pruebas inconducentes o impertinentes serán sancionados disciplinariamente, o de acuerdo con lo previsto en el artículo 258 de este Código.

 

Artículo 251. (Contradicción). En los procesos de que conocen los jueces regionales durante la investigación previa no habrá controversia probatoria pero quien haya rendido versión preliminar y su defensor, podrán conocerlas. En la instrucción y juzgamiento los sujetos procesales podrán solicitar pruebas y controvertirlas.

 

Artículo 252. (Publicidad). Durante el juzgamiento no habrá reserva y las pruebas podrán ser de público conocimiento. En la instrucción la prueba será conocida únicamente por los sujetos procesales.

 

Artículo 253. (Libertad probatoria). Los elementos constitutivos del hecho punible, la responsabilidad del imputado y la naturaleza y cuantía de los perjuicios, podrán demostrarse con cualquier medio probatorio, a menos que la ley exija prueba especial y respetando siempre los derechos fundamentales.

 

Artículo 254. (Apreciación de las pruebas). Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica.

 

El funcionario judicial expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba.

 

Artículo 255. (Prueba trasladada). Las pruebas practicadas válidamente en una actuación judicial o administrativa dentro o fuera del país, podrán trasladarse a otra en copia auténtica y serán apreciadas de acuerdo con las reglas previstas en este código.

 

Si se hubieren producido en otro idioma, las copias deberán ser vertidas al castellano por un traductor oficial.

 

Artículo 256. (Aseguramiento de la prueba). El funcionario judicial deberá tomar las medidas necesarias para evitar que los elementos materiales de prueba sean alterados, ocultados o destruidos. Con tal fin podrá ordenar entre otras las siguientes medidas: disponer vigilancia especial de las personas, de los muebles o inmuebles, el sellamiento de éstos, la retención de medios de transporte, la incautación de papeles libros y otros documentos.

 

Artículo 257. (Asesores especializados). El funcionario judicial podrá solicitar de entidades oficiales o privadas, la designación de expertos en determinada ciencia, arte o técnica, cuando quiera que la naturaleza de los hechos que se investigan requiera de la ilustración de tales expertos.

 

Los asesores designados tomarán posesión como los peritos y tendrán acceso al expediente en la medida en que su función lo exija, obligándose a guardar la reserva debida.

 

El director de la entidad o dependencia oficial o privada cumplirá inmediatamente el requerimiento del funcionario judicial.

 

Artículo 258. (Sanciones). El funcionario judicial podrá imponer a quien impida, obstaculice o no preste la colaboración para la realización de cualquier prueba durante la actuación procesal, una vez lo oiga en descargos, arresto inconmutable de uno (1) a treinta (30) días según la gravedad de la obstrucción y tomar las medidas conducentes para lograr la práctica inmediata de la prueba.

 

La decisión será susceptible de recurso de reposición, resuelto el cual tendrá cumplimiento inmediato.