DERECHOS HUMANOS

 

 

 

LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO EN COLOMBIA Y EL PERÚ

 

 Haga su consulta por tema

 

 

 8º)  Principios procesales:       

Son, en general, los mismos de las demás acciones de garantía, a saber: 

 

a- Actuación oficiosa. El proceso solo se podrá iniciar mediante una demanda formulada por una persona. La actuación procesal subsiguiente la impulsará oficiosamente el juez, sin esperar a que las partes pidan lo pertinente para proferir los distintos autos que desarrollen e impulsen el trámite procesal[4]

 

b- Publicidad. La actuación procesal no está sujeta a reserva. El expediente es público y a él tienen acceso no solo las partes (actor y autoridad pública demandada), sino las personas en general. 

 

c- Prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal. Es un derecho constitucional fundamental previsto en el Art. 228 de la Constitución.

 

La informalidad es una de las características procesales de la acción, en decir, que este mecanismo de protección no está rodeado de formalidades, ni solemnidades propias del ejercicio de las acciones judiciales. A la persona que la promueve no se le debe exigir la técnica jurídica que manejan cotidianamente los abogados litigantes. El juez debe permitir, facilitar y garantizar el acceso ciudadano a la justicia, sin poner trabas para el ejercicio de la acción. 

 

En caso de conflicto entre la norma procedimental y la norma sustancial, siempre prevalecerá ésta última. Lo anterior significa que el excesivo rigorismo en la aplicación de las formas procesales, no debe conducir al sacrificio de los derechos constitucionales que contienen lo sustancial de la dogmática de la Constitución colombiana.  Todo en aras de la justicia, entendida como un valor filosófico.

 

d- Economía. El juez debe tener en cuenta que dispone de solamente veinte (20) días hábiles para desplegar la actividad procesal y proferir el fallo; por lo tanto, debe procurar que las actuaciones procesales sean atinadas y sencillas, para lo cual los autos que profiera deben ser precisos y ser notificados por estado, que se fijará al día siguiente de su expedición. 

 


 

 

e- Celeridad. Implica que el juez debe obrar con rapidez, por cuanto el trámite procesal, incluido el fallo, no puede exceder de los veinte (20) días hábiles, contados a partir de la fecha de la admisión de la demanda. Los plazos son perentorios e improrrogables, como ya se expresó.  

 

f- Eficacia. El trámite que adelanta el juez tiene que ser eficaz. En consecuencia, debe tomar las decisiones con acierto, así como decretar y practicar todas las pruebas que sean pertinentes y conducentes para el esclarecimiento de los hechos. 

 

g- Gratuidad. En general, el servicio público de la justicia es gratuito. No existe una contribución económica a favor del Estado y a cargo de la persona que ejerce la acción de cumplimiento, por la prestación del citado servicio. La presentación y tramitación de la demanda no implica gasto alguno. Sin embargo, en forma totalmente contradictoria, la ley prevé que puede haber condena en costas (Art. 21 num.7º).    

 

9) Otros aspectos procesales:  

 

a- Indemnización de perjuicios: Según el Art. 24, mediante la acción de cumplimiento no se puede obtener el resarcimiento de los perjuicios causados, para lo cual se deben ejercer las acciones judiciales pertinentes (contencioso-administrativas). 

 

b- Condena en costas: Según lo prevé la Ley 393, la condena en costas no se impondrá a la autoridad, siguiendo el principio general de que a las autoridades estatales no se les condena en costas (Art. 171 del C.C.A. y 392 del C.P.C).  La condena sería entonces para el actor, lo cual es incongruente con el ejercicio de una acción popular, de claro contenido democrático. 

 

c- Desacato: Según el Art. 29, la autoridad que incumpla con el fallo será sancionada por desacato, independientemente de las sanciones penal y disciplinaria en que puedan incurrir los respectivos funcionarios. 

 

Esta norma le imprime seriedad al trámite procesal, por cuanto las autoridades o los particulares que tengan relación directa o indirecta con el proceso están obligados a cumplir las órdenes que impartan los jueces en sus respectivas providencias. 

 

d- Excepción de inconstitucionalidad e ilegalidad: Según lo previsto en el Art. 20 de la Ley 393, "cuando el incumplimiento de norma con fuerza de Ley o Acto Administrativo de carácter general sea proveniente del ejercicio de la excepción de inconstitucionalidad, el Juez de cumplimiento deberá resolver el asunto en la sentencia. Lo anterior sin perjuicio de que el Juez la aplique oficiosamente.”

 

Las excepciones de inconstitucionalidad y de ilegalidad se pueden proponer, según el caso, en cualquier oportunidad procesal y serán resueltas en la sentencia. También procede el decreto oficioso de las mismas. 

 

El objeto del control es la inaplicación al caso concreto de la ley que contradice la Constitución, o del acto administrativo que viola la ley y/o la Constitución. En consecuencia, se aplicará preferentemente la normatividad superior. Sin embargo, si la ley ha sido objeto de control jurisdiccional de constitucionalidad y ha sido declarada exequible, no procede la excepción de inconstitucionalidad, por cuanto la sentencia respectiva hace tránsito a cosa juzgada. La inaplicación de la ley o el acto administrativo al caso concreto sólo produce efectos jurídicos inter-partes[5]

 

Si el juez llegare a la conclusión de que es procedente alguna de las mencionadas excepciones, en el fallo no se ordenará a la autoridad omisiva que cumpla con los deberes u obligaciones consagrados en la ley o acto administrativo respectivos, porque se considera que la autoridad, con su renuencia, obró de conformidad con el principio de la supremacía constitucional: "La Constitución es norma de normas".  En caso contrario, el juez ordenará a la autoridad renuente que cumpla con los deberes y obligaciones consagrados en la ley o en el acto administrativo, con todas las consecuencias jurídicas propias del fallo de cumplimiento. 

 

lll-  LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO EN EL PERÚ 

 

A-  BASE CONSTITUCIONAL: 

 

La Constitución del Perú de 1993, en el Art. 200, num. 6º, consagró la acción de cumplimiento, en términos similares a los del Art. 87 de la Constitución Colombiana.  El texto de la norma es el siguiente: 

 

"La acción de cumplimiento procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo, sin perjuicio de las responsabilidades de ley".   

 

)  Orígenes:

Según el constitucionalista peruano CESAR LANDA ARROYO, esta acción siguió el modelo brasileño del mandado de injuncao. 

 

 2º)  Concepto y características:

El citado tratadista LANDA ARROYO define esta acción como "(...) una garantía constitucional (...)”, cuyas características son las siguientes: 

"a)  Procede contra cualquier autoridad o funcionario, sin distinción de jerarquías. 

 

"b)  En cuanto al nivel de la norma no acatada, debe interpretarse que no importa la jerarquía de la misma, por lo que están comprendidas las leyes en sentido formal y material. 

 

Significa, entonces, que se intentará esta acción frente al incumplimiento de lo dispuesto en una Ley Orgánica, Ley, Decretos Legislativos, Decreto-Leyes, Decretos Supremos, Reglamentos, normas emanadas de los Gobiernos locales, así como de los regionales"[6].   

 

"(...). Esta acción significa que el Estado de Derecho, (...), no sea meramente declarativo, al reconocer la existencia de un sistema de fuentes del derecho -Constitución, ley, reglamento y contratos, entre otros-, sino que sea eficaz mediante la justicia constitucional en caso de su incumplimiento.

 

"En otras palabras, el cumplimiento de los mandatos legales y administrativos si bien son una obligación jurídica concreta de las autoridades y funcionarios estatales y eventualmente privados encargados de los asuntos públicos en el Estado de Derecho, ahora en la versión del Estado democrático constitucional se convierten también en un derecho subjetivo de los ciudadanos, con la suficiente validez como para demandar judicialmente la expedición de una orden que compela tanto a las autoridades y funcionarios públicos como a los particulares renuentes, a que apliquen las normas legales y los actos administrativos dictados constitucionalmente"[7].  

 

 

 

 

 

| PAGINA  DERECHO |