DERECHOS HUMANOS

 

 

 

LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO EN COLOMBIA Y EL PERÚ

 

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Ponencia presentada por MARÍA CAROLINA RODRÍGUEZ RUIZ en el Curso Superior “Constitución y Derechos Humanos”, organizado por la Universidad Antenor Orrego, Trujillo, Perú, en noviembre de 1998. 

 

SUMARIO:   l-  INTRODUCCIÓN.  ll- LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO EN COLOMBIA:  A- BASE CONSTITUCIONAL: 1º) La voluntad de la Asamblea Constituyente. 2º) Evolución y consagración normativa del Art. 87 de la Constitución. 3º) Objeto de la acción de cumplimiento:  B-  BASE LEGAL: 1º) Objeto de la acción de cumplimiento. 2º) Procedibilidad e improcedibilidad de la acción. 3º) Caducidad de la acción. 4º) Legitimación. 5º) Competencia. 6º) Demanda. 7º) Trámite preferencial. 8º) Principios procesales. 9º) Otros aspectos procesales. lll- LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO EN EL PERÚ: A- BASE CONSTITUCIONAL: 1º) Orígenes.  2º) Concepto y características. B- BASE LEGAL: 1º) El objeto de las acciones de garantía. 2º) Procedibilidad de la acción. 3º) Caducidad de la acción. 4º) Legitimación. 5º) Competencia. 6º) Vías previas. 7º) Demanda. 8º) Principios procesales. 9º) Otros aspectos procesales. 

 

IV- CONCLUSIONES. 

 

l-  INTRODUCCIÓN: 

La inacción e inercia de la autoridad pública para cumplir con los deberes y obligaciones que se derivan de los actos administrativos que la misma Administración profiere, "defraudan con muy graves consecuencias las expectativas de los asociados que, esperanzadamente, guardan el obrar de sus autoridades", según expresión del extinto Constituyente Alvaro Gómez Hurtado. Semejante situación sucede con el incumplimiento de las obligaciones y deberes que consagran las leyes por parte de las autoridades encargadas de su cumplimiento. 

 

El paulatino, progresivo y cada día mayor incumplimiento de los deberes y obligaciones que la ley y los actos administrativos imponen a las autoridades, generó que el Constituyente colombiano estableciera en la Constitución de 1991 un mecanismo que facultara democráticamente a toda persona para pedir ante el juez competente que ordene a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido. "Sólo de esta manera, expresó el Constituyente ALVARO GÓMEZ HURTADO, podrá erradicarse de nuestras autoridades públicas, aquella perniciosa costumbre en virtud de la cual, las normas jurídicas se obedecen pero no se cumplen". (Las negrillas no son del texto). 

 

La acción de cumplimiento es una garantía constitucional, es decir, uno de los más importantes mecanismos procesales de protección de los derechos humanos, porque garantiza la eficacia de un derecho implícito que todos los gobernados tenemos:  El derecho a que las leyes y los actos administrativos se cumplan y a que ese cumplimiento no sea exclusivamente exigido de los particulares, sino también de las autoridades y entidades públicas. 

 

Se trata de una acción popular de contenido eminentemente democrático, porque la Constitución habilita al pueblo para que por medio de cualquier persona cuestione ante los jueces competentes la omisión de las autoridades en el cumplimiento de los deberes que las leyes y los actos administrativos les imponen. El pueblo, como elector, tiene el derecho de exigir de las autoridades elegidas que cumplan con los actos que expiden. Esto resalta su carácter democrático y, por ello, esta acción se puede considerar como uno de los instrumentos más importantes de la democracia participativa; y, por consiguiente, su ejercicio tiene carácter jurídico-político. 

 


 

 

ll-  LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO EN COLOMBIA

A- BASE CONSTITUCIONAL:  

 

1º)  La Voluntad de la Asamblea Constituyente de 1991:

 

La voluntad de la Asamblea Constituyente se puede sintetizar en los siguientes postulados de orden jurídico-político: 

a- La Constitución, las leyes y los actos administrativos no solamente establecen deberes y obligaciones a cargo de los particulares, sino de las autoridades públicas;

b- Las autoridades públicas, con frecuencia omiten cumplir con los deberes que les señala el ordenamiento jurídico; y 

c- Ante la omisión o inactividad de la autoridad pública se creó la acción de cumplimiento, a fin de que la comunidad pueda hacer efectivo el cumplimiento de los deberes estatales incumplidos. 

 

2º)  Evolución y Consagración Normativa del artículo 87 de la Constitución.  

 

El primer proyecto debatido en el seno de la Constituyente atribuía a la jurisdicción contencioso administrativa la competencia para hacer efectivos la ejecución y el cumplimiento de una ley o de un acto administrativo. 

 

Después de muchos debates, fue aprobado el siguiente texto definitivo que corresponde  al actual artículo 87 de la Constitución colombiana[1]

 

"Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido." 

3º)  Objeto de la acción de cumplimiento.  

 

El objeto de esta acción consiste en que el juez en la sentencia haga efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo, mediante la orden a la autoridad renuente para que cumpla el deber omitido.  

 

a- La ley.- 

La ley se caracteriza por ser general, impersonal, abstracta, coercible y obligatoria, generalmente para los habitantes o administrados.  Sin embargo, en oportunidades imponen obligaciones a cargo de las autoridades públicas y en algunos casos simultáneamente para éstas y aquellos. 

 

Cuando el artículo 87 de la Constitución se refiere a la ley, en ella quedan comprendidos los decretos con fuerza de ley que expide el Gobierno Nacional, como los decretos extraordinarios que se dictan con base en las facultades extraordinarias que le confiere el Congreso, con fundamento en el numeral 10 del artículo 150 de la Constitución; los decretos sobre el plan de desarrollo (artículo 341) y los decretos legislativos que se dictan en los Estados de excepción, por guerra exterior (artículo 212), por conmoción interna (artículo 213) y en estado de emergencia económica, social y ecológica (artículo 215). 

 

b.- El Acto Administrativo.  

 

Tradicionalmente se considera una declaración unilateral de la voluntad de la Administración que produce efectos jurídicos con respecto a los administrados. Por lo general, los actos administrativos imponen obligaciones a los particulares y si no los cumplen, la Administración en desarrollo de su ejecutoriedad obtiene su cumplimiento.  

 

Sin embargo, existen actos administrativos que obligan exclusivamente a la misma Administración que los expide.  Por ejemplo, los decretos sin fuerza de ley que expide el Gobierno, tales como, los decretos reglamentarios de las leyes (artículo 189, numeral 11), los decretos de nombramientos de ministros, directores de los departamentos administrativos, presidentes, directores o gerentes de los establecimientos públicos nacionales (artículo 189, numerales 1 y 13).  

 

 

 

 

 

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