AÑO 3 – NÚMERO 3 – Segundo semestre 2008 Bogotá, D.C., República de Colombia

JURISPRUDENCIA

 

PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA*

 

El artículo 149 de esta reforma establecía:

 

«Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, serán elegidos por la respectiva Corporación para periodos individuales de ocho años de listas elaboradas por el Consejo Superior de la Judicatura en la forma que establezca la ley. En ningún caso podrán ser reelegidos y deberán separarse del servicio, cuando cumplan la edad de retiro forzoso».

 

Bien es sabido que anterioridad a la promulgación de la Carta Política de 1991, las altas corporaciones de la justicia que venían funcionando eran la Corte Suprema de Justicia, como cabeza de la jurisdicción ordinaria, la que también tenía a su cargo el control constitucional sobre los actos legislativos, leyes y decretos de rango legal, y el Consejo de Estado, como máximo juez de la jurisdicción contenciosa administrativa.

 

La reforma constitucional introducida por el constituyente de 1991 trajo consigo, entre otras, en materia de justicia, además de la modificación del período y la forma de elección de los magistrados de esas dos altas corporaciones, la creación de dos nuevas instituciones judiciales. La primera de ellas, la Corte Constitucional, como tribunal autónomo, a quien se le confía «la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución» y la función de máximo juez en materia de tutela, para la protección de los derechos constitucionales fundamentales. Esta Corte sustituyó a la antigua Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. La otra institución judicial es el Consejo Superior de la Judicatura, dividido en dos, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, como cabeza de la jurisdicción disciplinaria; y la Sala Administrativa, como órgano que administra la carrera judicial; elabora el proyecto de presupuesto de la rama judicial, que debe ser sometido al Gobierno; y lo ejecuta, de conformidad con la aprobación que haga el Congreso.

 

Ahora bien, según lo dispuesto por el artículo 239 de la actual Constitución, los magistrados de la Corte Constitucional son elegidos por el Senado de la República para períodos individuales de ocho años, de sendas ternas que le presentan el Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. No pueden ser reelegidos.

 

En lo concerniente al Consejo Superior de la Judicatura, el artículo 254 de la Carta establece que los siete magistrados que integran la Sala Jurisdiccional Disciplinaria son elegidos para un período de ocho años por el Congreso de la República, de ternas enviadas por el Gobierno Nacional.

 

Por su parte, los magistrados del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia son nombrados por la respectiva Corporación de listas enviadas por el Consejo Superior de la Judicatura, en su Sala Administrativa (artículo 231 C.P.).

 

Pues bien, el Gobierno Nacional pretende, con la reforma que plantea, restaurar el sistema de la cooptación, de manera integral y directa, para la provisión de vacantes de cargos de magistrados de las altas cortes, -con excepción de la Corte Constitucional-, para que ellos, a partir de la promulgación del Acto Legislativo, sean elegidos directa-mente por la respectiva corporación, en audiencia pública, eliminando el sistema de la remisión de listas por parte de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

 

Lo anterior obedece al deseo del Gobierno de proponer al Congreso, recogiendo propuestas provenientes de importantes sectores del país, que las otras ramas del poder público, es decir, el ejecutivo y el legislativo, no participen en la postulación y elección de magistrados de las altas cortes, como hoy en día existe para escoger magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, cuya elección corresponde realizarla al Congreso, de ternas remitidas por el Presidente de la República.

 

Comparte el Gobierno el criterio según el cual, la Constitución debe Asegurar

 

«A los tribunales y juzgados la más perfecta independencia respecto a los otros poderes del Estado. Ni a la autoridad legisladora ni a la ejecutiva, será permitido ejercer sobre ellos o sobre sus actos ningún género de influencia o dominación.

 

«Pero no basta reconocer o consagrar sencillamente el principio; para que él sea efectivo y real, es necesario además aplicarse a descubrir y eliminar todos los gérmenes que pudieran directa o indirectamente aniquilarlo. La facultad de nombrar puesta en manos del Ejecutivo o del Congreso, es uno de los primeros motivos que arruinan la independencia judicial, pues dígase lo que se quiera, no puede dejar de dependerse de la autoridad a quien se debe la plaza, o de quien se espera una reelección o un ascenso.»6

 

Basta también tener en cuenta, como se lee en la Gaceta de la Asamblea Nacional Constituyente, los siguientes apartes de las consideraciones y propuestas, expuestas en dicha oportunidad, por el Presidente de la Corte Suprema a la Honorable Asamblea Constitucional, en torno al tema:

 

 


 

6 Derecho Constitucional Colombiano, Tomo I, p. 225, Tratado de Ciencia Constitucional, Cerbeleón Pinzón.

 

 Haga su consulta por tema

 

| PAGINA  DERECHO |

 

| Página Derecho | Leyes y códigos | Revista JurisDictio | Abogados y Juristas | Enlaces de Derecho | Asociaciones |  Derechos humanos | Libros de Consulta |