AÑO 1 – NÚMERO 2 – Segundo semestre 2007 Bogotá, D.C., República de Colombia

 

DOCTRINA, CONCEPTOS Y OPINIONES

 

LA INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO EN EL SISTEMA ACUSATORIO1

 

El nuevo diseño no corresponde a un típico proceso adversarial entre dos partes procesales que se reputa se encuentran en igualdad de condiciones; por un lado, un ente acusador, quien pretende demostrar en juicio la solidez probatoria de unos cargos criminales, y por el otro, un acusado, quien busca demostrar su inocencia….”.

 

La función de intervención por parte del Ministerio Público en el nuevo sistema procesal penal encuentra fundamento legal, principalmente, en el artículo 109 de la Ley 906 de 2004, pues en este se determina que el fundamento de la misma es la necesidad de defender el orden jurídico, el patrimonio público o los derechos y garantías fundamentales, desarrollando así cu función de control, vigilancia y garantía5 .

 

La inclusión del Ministerio Público en el nuevo esquema procesal aparece en el Título III, mientras que en el Título IV se consagra la normatividad relacionada con las partes e intervinientes en el proceso, lo cual confirma el papel preponderante y especial que le corresponde en el desarrollo del sistema procesal penal.

 

En tal medida el Ministerio Público intervendrá en las diferentes actuaciones procesales y se constituirá en agencia especial en los procesos de significativa y relevante importancia, teniendo en cuenta que tanto fiscales como policía judicial deberán enterarlo, oportunamente de las diligencias y actuaciones propias de su competencia.

 

Así, el Ministerio Público en la etapa de investigación se encuentra facultado para participar en las audiencias preliminares, cuando su presencia sea necesaria en defensa del orden jurídico, del patrimonio público o de los derechos y garantías fundamentales; también está avalada legalmente su participación en la audiencia de solicitud de imposición de medida de aseguramiento, en la aplicación del principio de oportunidad y en la audiencia de solicitud de preclusión.

 

En relación con la actividad probatoria, cabe señalar que el Ministerio Público se encuentra legitimado para solicitar pruebas anticipadas en asuntos en los cuales haya ejercido o ejerza funciones de policía judicial, al tiempo que se precisa que durante la etapa de juicio oral, excepcionalmente, podrá solicitar pruebas que puedan tener esencial influencia sobre los resultados del juicio, siempre y cuando no hayan sido solicitadas por las partes, facultad de gran importancia porque el código prohíbe expresamente al juez de conocimiento el decreto y práctica de pruebas de oficio, con lo cual la intervención del Ministerio Público se torna preponderante en defensa del debido proceso y del derecho de defensa.

 

A pesar de la claridad del marco normativo, no ha sido tarea fácil la aceptación de la presencia del Ministerio Público, y como muestra de ello es precisamente la sentencia de tutela proferida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia6 , en la que se afirmó:

 

“Para la Corte no vacila el juicio para afirmar que el juez no puede –como erradamente lo hizo el Tribunal de Tunja- realizar una escogencia selectiva de las funciones que debe cumplir el Ministerio Público dentro del proceso penal y mucho menos clasificar las especies de delitos a cuyo interior se le debe permitir su intervención, dejando por fuera –como aquí– el hurto calificado agravado, pues no cabe duda que una discriminación con ese alcance comporta un ingrediente de arbitrariedad al desconocer el marco que le trazan la Constitución y la ley, además de que origina inseguridad, al depender ese juicio de selección del pensamiento y el querer del funcionario que lo realice.

 

De otro lado tampoco es afortunado el pensamiento relativo a que el Ministerio Público –al permitírsele una amplia participación procesal esté suplantando o absorbiendo las funciones asignadas o el rol que corresponde a los jueces de garantías y de conocimiento, no solo porque carece en absoluto de funciones jurisdiccionales sino también porque está despojado de todo poder de decisión, atributos estos propios de los servidores judiciales, dado que su facultad es de control y de garante de las decisiones y actuaciones llevadas a cabo en la actuación penal, materializadas aquellas principalmente a través de la interposición de recursos, de las intervenciones en audiencia, de la excepcional petición de pruebas, de las solicitudes de absolución o de condena etc..”.

 

Para efectos de las funciones del Ministerio Público, también la reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en sede de casación ha sido muy importante para determinar el rol del Ministerio Público en el juicio, cuando, como lo dispone el artículo 357 de la Ley 906 de 2004:

 

 


5 Cfr. Las funciones de intervención y conciliación de la Procuraduría General de la Nación. COMPENDIO. Intervención en procesos judiciales, arbitrales y en actuaciones administrativas. Proyecto de Modernización PGN-Banco Interamericano de Desarrollo –BID-. Contratistas: Mauricio Fajardo Abogados Asociados Ltda. Deloitte. Asesores Legales y Tributarios S.A. Bogotá 2006.

 

6 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia de Tutela de fecha 9 de mayo de 2006. M.P. Dr. Alfredo Gómez Quintero.

 

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