AÑO 1 – NÚMERO 2 – Segundo semestre 2007 Bogotá, D.C., República de Colombia

 

DOCTRINA, CONCEPTOS Y OPINIONES

 

LA INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO EN EL SISTEMA ACUSATORIO1

 

Es con éste contexto en el que el debate del Ministerio Público adquiere relevancia y sentido práctico. Por ello, el Congreso, preocupado por garantizar en grado máximo la legitimidad del proceso penal, decide ampliar y reformar la gama de protección ofrecida inicialmente por el juez de garantías y le permite al Ministerio Público seguir ejerciendo las funciones asignadas por el artículo 277 de la Carta en el trámite de las diligencias penales bajo el nuevo sistema acusatorio”.

 

En conclusión, la Corte no sólo se pronunció acerca de la exequibilidad de la norma demandada, sino que fue una muy buena oportunidad para extraer de los textos de los debates la necesidad de su presencia como representante de los intereses de la sociedad, de las garantías procesales y del orden jurídico.

 

2. Fundamentos constitucionales

 

El constituyente de 1991 definió la naturaleza del Estado a partir del Preámbulo al establecer que la Carta Política fue expedida para asegurar a los integrantes de la comunidad la convivencia, la justicia, la igualdad, la libertad, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político justo. A partir de allí la propia Carta y la legislación que se ha promulgado en materia penal, ha estado destinada a promover la consolidación de un Estado social de derecho que, según el artículo 1º del mismo estatuto, se funda, entre otros valores, en el respeto de la dignidad humana y en la prevalencia del interés general.

 

Con el propósito de encaminar la actividad de la organización política hacia el beneficio colectivo, la Carta, al señalar los fines esenciales del Estado (art. 2º), dispuso que a éste corresponde garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes que ella consagra, como también el de asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. En el mismo sentido, la mencionada disposición prevé que las autoridades están instituidas para proteger a todas las personas en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades.

 

Para desarrollar los postulados establecidos en la parte dogmática de la Constitución Política, a partir del artículo 118, referido al Ministerio Público, el constituyente asignó a este órgano la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas. Así, la parte orgánica del Estatuto superior, específicamente en el artículo 277-1, prevé que a este organismo de control le corresponde vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos. Igualmente en el numeral 2° de la misma disposición se le encarga la función de proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad, como también, según el numeral 3°, la de defender los intereses de la sociedad; además, como lo dispone el numeral 7°, le corresponde intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas, cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales y, de acuerdo con el numeral 9°, exigir a los funcionarios públicos y a los particulares la información que considere necesaria.

 

Además de los artículos que se han citado, los derechos fundamentales y su evolución jurisprudencial, los Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional, como de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, se constituyen en los medios con los que cuenta quien actúa como delegado del Ministerio Público en el proceso penal para que en un momento dado, ante la eventualidad de la violación de derechos fundamentales, pueda intervenir para evitar o corregir la actuación de las partes, para requerir al juez de garantías o al juez de conocimiento cuál debe ser la interpretación y aplicación de la normatividad procesal penal.

 

3. El Sistema Penal Acusatorio Colombiano

 

El tiempo que ha transcurrido desde la puesta en marcha del sistema acusatorio -1º de enero de 2005-, ha permitido que por vía del ejercicio del control de constitucionalidad o por vía del recurso extraordinario de casación, se haya logrado perfilar conceptos, abordar temas polémicos y en especial, definir y precisar las características del nuevo sistema penal.

 

Ha dicho la Corte Constitucional, en la Sentencia C-591 de 20054 :

 

“Las memorias generales sobre el nuevo sistema procesal penal, citadas anteriormente permiten advertir que se trata de un nuevo modelo que presenta características fundamentales, especiales y propias, que no permiten describirlo o asimilarlo, prima facie, a otros sistemas acusatorios como el americano o el continental europeo. Se diseñó desde la Constitución un sistema procesal penal con tendencia acusatoria, desarrollado por la Ley 906 de 2004, con acento en la garantía de los derechos fundamentales del inculpado para la definición de la verdad y la realización efectiva de la justicia, teniendo presentes los derechos de las víctimas. Se estructuró un nuevo modelo de tal manera, que toda afectación de los derechos fundamentales del investigado por la actividad de la Fiscalía queda decidida en sede jurisdiccional, pues un funcionario judicial debe autorizarla o convalidarla en el marco de las garantías constitucionales, guardándose el equilibrio entre la eficacia del procedimiento y los derechos del implicado mediante la ponderación de intereses, a fin de lograr la mínima afectación de derechos fundamentales.

 


4 Corte Constitucional. Sentencia C-591 de 2005. M.P. Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

 

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