Año 1 Número 1, Segundo Semestre de 2006, Bogotá D.C.

 

DOCTRINA, CONCEPTOS Y OPINIONES

 

6. Régimen jurídico de sus miembros.

 

a. Los magistrados de la Corte Constitucional al igual que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura, son los jueces de más alto rango en la estructura de la Rama Judicial. Los magistrados se eligen o designan para periodos fijos pero individuales de ocho (8) años, no son reelegibles y son inamovibles mientras observen buena conducta, tengan rendimiento satisfactorio y no hayan llegado a la edad de retiro forzoso que hoy está fijada en 65 años.

 

Tampoco se produce prorroga o extensión de períodos y estos decaen y terminan inexorablemente cumplido el periodo fijado directamente por la Constitución.

 

Sólo en dos casos recientes, uno en la Corte Constitucional y otro en el Consejo Superior de la Judicatura Sala Disciplinaria, no se aplicó este límite que pone fin a la función, pues se alegó que dicha edad aparece en una ley dictada antes de 1991 y sólo se aplicaría a los magistrados de las cortes y tribunales existentes antes del cambio constitucional. En caso del arribo a la de edad de retiro forzoso se admite un período de espera de seis meses, para el trámite de la pensión de jubilación cuando se invoque la existencia de las condiciones para adquirirla, en todo caso sin poder desconocer o sobrepasar los límites inexorables del periodo constitucional.

 

Los reemplazos provisionales en caso de falta absoluta del magistrado y para mientras se produce la elección, son hechos por la misma corporación o corte; igual cosa acontece en el caso de falta temporal como cuando se produce licencia por enfermedad del magistrado.

 

b. Para ser magistrado de la Corte Constitucional como para las demás magistraturas de las llamadas “altas cortes” se requiere ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio, tener titulo de Abogado, y haber desempeñado durante diez años cargos en la Rama Judicial o en el Ministerio Público (Procuraduría General de la Nación, Defensoría del pueblo y personerías municipales).

 

También habilita para ser magistrado de la Corte Constitucional el ejercicio de la profesión de abogado con buen crédito durante diez años, o la cátedra universitaria, también por diez años, en disciplinas jurídicas en establecimientos universitarios reconocidos oficialmente.

 

En el artículo 239 de la Constitución se establece que para la integración de la Corte Constitucional se atenderá al criterio de la pluralidad de especializaciones de los magistrados; se busca con ello fijar un principio de integración que recoge la vieja idea dominante en Colombia que enseña que la sala plena de magistrados pertenecientes a las distintas salas especializadas de la Corte Suprema, era suficiente garantía de acierto ante la multiplicidad de especialidades y de formación especializada de los operadores del derecho y ante la dinámica del pensamiento jurídico.

 

c. Como se advirtió, la Corte Constitucional tendrá el número impar de magistrados que determine la ley y este número se define respetando la participación de los tres órganos titulares del de postulación, es decir la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Presidente de la República.

 

d. Como se dijo, los magistrados de la Corte Constitucional a diferencia de los demás magistrados de las llamadas altas cortes son designados por el Senado de la República; por el contrario, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, son elegidos por un sistema de cooptación relativa y limitada, pues además de ser designados por cada una de estas dos cortes por sus propios colegas, los son sólo de las listas que le formule la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

 

e. Los magistrados sólo pueden ser investigados por la Comisión de instrucción y acusaciones de la Cámara de Representantes y sólo pueden ser sancionados disciplinariamente por el Senado de la República previa la admisión de acusación de aquella.

 

Los magistrados de la Corte Constitucional no pueden ser investigados por la Fiscalía General de la Nación, ni por ningún otro órgano de la Rama Judicial del Estado y sólo pueden ser juzgados penalmente por la Corte Suprema de Justicia previa investigación, instrucción y acusación de la Cámara de Representantes.

 

En efecto, las competencias judiciales de juzgamiento sobre la conducta punible de los magistrados por causa penales, corresponden exclusivamente a la Sala Penal de la Corte Suprema, claro está, después del procedimiento de la definición de la procedencia del fuero penal que se surte ante las cámaras legislativas, con la investigación y acusación de la Cámara de Representantes y la admisión de la acusación por el Senado de la República.

 

f. La Carta Política establece un régimen especial de inhabilidades para los ministros del Gobierno Nacional y para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado quienes no podrán ser elegidos magistrados de la Corte Constitucional si durante el año anterior a la elección se han desempeñado en dichos cargos. De otra parte, el Gobierno no podrá conferir empleo a los magistrados de la Corte Constitucional durante el periodo de ejercicio de sus funciones ni dentro del año siguiente a su retiro. remuneración de los servidores judiciales y la administración de sus prestaciones económicas y sociales es independiente del gobierno o de la Rama Ejecutiva del Poder Público, pues se hace por la administración y la gerencia de la Rama Judicial que se integra por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

 

4. Derecho tutelados

 

a. En los términos del artículo 86 constitucional, la acción de tutela está prevista en la Constitución Política para la protección específica, directa y autónoma de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos se encuentren amenazados o resultaren vulnerados en caso de la acción o de la omisión de cualquiera de las autoridades públicas.

 

b. Además, ella también procede, con los mismos fines de amparo constitucional de los derechos constitucionales fundamentales, contra las acciones u omisiones ilegitimas de los particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo o respecto de quien el accionante se encuentre en situación de subordinación o indefensión.

 

La ley ha definido que la acción de tutela contra particulares no procede cuando se trate de actuaciones legítimas de éstos, lo cual, desde luego, es coherente con el régimen de libertades y de derechos previstos en la Carta Política. En este sentido la Corte Constitucional declaró inconstitucionales varios apartes del decreto 2591 de 1991 en el que se señalaban los derechos constitucionales que podían reclamarse por vía de tutela contra las actuaciones de los particulares y advirtió que ella procede a favor de todos los derechos constitucionales fundamentales en los casos previstos en el artículo 42 del citado decreto.

 

c. En el mismo sentido la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia, ha considerado que la acción de tutela sólo es procedente para la protección de derechos fundamentales, los cuales en principio se constituyen en el objeto exclusivo de protección; estos derechos fundamentales pueden ser nominados13 o innominados14.

 

Pero, además, la Corte ha considerado que esta acción es procedente de manera excepcional para la protección de derechos constitucionales o legales que no ostenten el rango de fundamentales, únicamente cuando guardan especial relación de conexidad y dependencia directa con otros de carácter fundamental y para efectos de asegurar su respeto; contrario sensu, ella no es procedente para la protección de derechos de rango legal o infralegal15, o para resolver conflictos de contenido económico si éstos no se encuentran en estrecha relación con los derechos fundamentales.

 

En este punto la Corte Constitucional ha advertido que la acción puede intentarse en favor de la protección de derechos no señalados expresamente en la Constitución como fundamentales, pero cuya naturaleza relacionada con la dignidad humana y el derecho internacional de los derechos humanos, permitan su amparo preferente; además, ha dicho que cuando la actuación en vía de amparo o de tutela se refiera a un derecho de esta naturaleza, ella también deberá darle trámite preferencial y prelación a su revisión.

 

La acción de tutela sólo es procedente en caso de que no exista otro  instrumento judicial para lograr la protección; excepcionalmente procede en presencia de otro mecanismo judicial y para evitar un perjuicio irremediable caso en el cual se intenta como mecanismo transitorio. En estos casos puede intentarse simultáneamente con las acciones ordinarias o, cuando menos, deben intentarse las acciones ordinarias o contencioso administrativas dentro de los cuatro meses siguientes a la orden de amparo.

 

Cuando la acción se intente como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y el demandante disponga de otro medio judicial, como las acciones contencioso administrativas, ella puede intentarse conjuntamente con la acción de nulidad, pero en estos casos el juez de tutela, si lo estima procedente podrá ordenar que no se aplique el acto ni las decisiones respecto de la situación jurídica concreta en la que resultan vulnerados los derechos del accionante, mientras dure la actuación judicial ordinaria.

 

d. En un ejercicio de aproximación a las nuevas escuelas del derecho y a las nuevas disciplinas de la interpretación judicial de la Constitución, la ley ha advertido que la acción de tutela procede aún en los casos de los derechos constitucionales fundamentales de contenido civil o político, a pesar de que éstos no hayan sido desarrollados por la ley. Con esta declaración, el decreto 2591 de 1991 ha permitido la aplicación de las cláusulas constitucionales relacionadas con los derechos civiles y políticos también en las relaciones entre particulares de una parte, y la creación judicial del derecho a partir del su desarrollo en los casos  concretos de tutela o amparo constitucional de otra.

 

e. La Corte también ha extendido la protección constitucional de la acción de tutela a los casos de violación de algunos de los derechos sociales constitucionales, como los relacionados con la seguridad social, la atención a la salud y a la asistencia social, y a los derechos económicos y sociales, como el derecho a la remuneración mínima vital y móvil.

 

Esto se ha producido con base en el desarrollo de los principios del Estado Social de Derecho, específicamente el derecho al mínimo vital y los principios de la dignidad humana, y para hacerlo ha empleado las técnicas de los fallos aditivos de principios y las cláusulas de carácter expansivo como los artículos 93 y 94 de la Carta Política.16

 

f. En Colombia, además, se ha producido un proceso de fundamentalización de los derechos sociales en el que la Corte Constitucional ha desarrollado su jurisprudencia en favor de la protección de los derechos sociales de rango constitucional relacionados con la dignidad humana y con los principios de la eficacia material de los derechos, con la igualdad real y con el contenido esencial de los mismos.

 

g. También ha extendido por vía jurisprudencial los alcances de la acción de tutela a otros derechos constitucionales como los colectivos y del ambiente y de los derechos económicos y sociales; en estas materias procede la acción de tutela en caso de estrecha y directa relación de conexidad con situaciones de violación o amenaza de violación de los derechos fundamentales.

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13 Por encontrarse en disposiciones constitucionales de derechos fundamentales ya en el texto de la Constitución de 1991 o en los tratados internacionales sobre derechos humanos, a partir de su incorporación directa a la Constitución en virtud del mandato del artículo 93 Carta Política.

 

14 En virtud del artículo 94 de la Constitución según el cual la enunciación de los derechos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales no debe entenderse como negación de otros, que “siendo inherentes a la persona” no se encuentren expresamente contemplados, interpretado sistemáticamente con el mandato del artículo 2º del decreto 2591, en el que se ordena a la Corte Constitucional dar prelación a la revisión de sentencias de tutela referidas a derechos no señalados expresamente en la  Constitución como fundamentales, la Corte Constitucional ha reconocido y tutelado derechos fundamentales innominados, es el caso del derecho a la identidad, o del derecho a la circulación de la información vital.

 

15 En cuanto a las acreencias laborales es ilustrativo, pues la Corte resolvió el caso de trabajadores que acudieron a la acción de tutela con el objetivo de obtener nivelación salarial y el pago de la prima técnica, por parte de su empleador que la acción de tutela no era procedente para ordenar incrementos salariales, ni para el pago de acreencias laborales, sobre todo cuando se establece en el caso concreto, que existe otro medio de defensa judicial y no se configura un perjuicio irremediable, que ameritara un estudio sobre la idoneidad y eficacia de aquellos, con miras a concederle procedencia a la acción de tutela.

 

16 El artículo 93 de la Carta Política establece que“Los tratados y convenios internacionales ratificados por el congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”. ; además, en el artículo 94 se dispones que “La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos.” 

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